Bioética

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Barbarie e insensibilidad; ausencia de un estado socialmente responsable

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 

Los motivos de quienes participaron en el secuestro y presuntamente asesinaron en forma brutal y despiadada a los jóvenes de Ayotzinapa, parece no tener una respuesta clara en el discurso gubernamental, lo que genera confusión tanto en los padres de familia que se resisten a creer que sus hijos están muertos, como en la sociedad en su conjunto que no comprende la dilación en los resultados de las investigaciones.

En ese contexto, cuando en las redes sociales se acusa que se trata de un crimen de Estado, tiene razón el Procurador General de la República cuando responde que no fue la autoridad federal quien planeó la masacre, pero se desentiende de las razones que subyacen a la situación de criminalidad por la que atraviesa el país: la desesperanza de los jóvenes por un mejor futuro, particularmente de aquellos que viven en una situación de pobreza y desamparo social.

Respecto de los victimarios, más allá de lo que se sabe sobre su participación dentro del crimen organizado, habría que reflexionar también sobre sus condiciones de vida, pues de otra manera la pregunta sobre los motivos que tuvieron para cometer tal barbarie puede parecer impertinente y merecería una respuesta como la que nos cuenta Rüdiger Safranski en El mal o el drama de la libertad, cuando San Agustín es cuestionado sobre qué hacia Dios antes de crear el mundo y responde que se encontraba preparando el infierno para aquellos que hacen preguntas tan impertinentes.

San Agustín hablaba en forma metafórica, pero el comportamiento grosero e intolerante del Procurador Murillo Karam ante la prensa, cuando en días pasados dio a conocer el avance de las investigaciones, nos recuerda que ese infierno lo vivimos día a día en nuestro país y no lo creó Dios, sino nuestra clase gobernante, de todos los signos políticos, insensible e incapaz de asumir el reto de construir un mejor futuro para nuestros jóvenes.

Asombra que al día siguiente el Procurador Murillo Karam, para disminuir los efectos mediáticos de su declaración previa sobre el cansancio que lo aqueja, pues también es humano, dijo, afirme estar cansado de la brutal criminalidad que padecemos; parece no entender que la capacidad mostrada por el crimen organizado para dañar la integridad física de los estudiantes y atentar de una manera tan atroz en contra de la dignidad personal, tiene su antecedente en la irresponsabilidad estatal que por décadas ha sido incapaz de brindar educación de calidad y que tampoco ha podido sacar de la pobreza a millones de mexicanos.

No entender que la descomposición política que se vive en el país ha crecido en forma paralela con la ausencia de políticas públicas que vayan más allá de la actual naturaleza asistencialista de los programas sociales, afirma la visión reduccionista que tienen en el gobierno de la situación que desde hace décadas caracteriza la vida social de nuestro país.

Cómo olvidar que el Programa SOLIDARIDAD del Presidente Salinas se transformó en el PROGRESA de Zedillo y Fox le cambió el nombre a OPORTUNIDADES, el cual quedó intacto en la administración de Calderón y que ahora decidieron llamar PROSPERA, pero que en ninguna de sus versiones ha tenido la capacidad de disminuir los niveles de pobreza de la población.

Para el gobierno federal se trata sólo de cifras, de un manejo muy eficiente de indicadores que permiten anunciar al mundo que en México se atiende a los más necesitados, aunque en cada sexenio las cifras de pobreza se mantienen casi en los mismos niveles. Desde Salinas son ya varias las generaciones que han aprendido a vivir al amparo de las decisiones asistencialistas del gobierno, sin que sus condiciones de vida les permitan aspirar a mejores estándares de bienestar.

En su origen, la denominación del programa gubernamental aludía a la posibilidad de ayudar al necesitado, al sujeto que está a nuestro lado y que sufre las consecuencias de su deplorable condición social, pero el tiempo y la insensibilidad estatal se encargaron de perpetuar la pobreza y otorgarle un manejo conceptual con pocas posibilidades de éxito.

Por ello es necesario que desde la sociedad civil podamos recuperar el significado original del programa asistencialista del gobierno, sin que ello signifique validar su esquema de operación actual. En realidad, se trata de que los ciudadanos podamos asumir un sentido de corresponsabilidad con aquellos que están a nuestro lado y que requieren de comprensión y ayuda, no sólo material sino afectiva y espiritual en el sentido amplio del término, con el interés de construir mejores estándares de vida para todos. Polarizar la situación actual entre buenos y malos nos aleja necesariamente de nuestra humanidad.

Los pobres constituyen un alto porcentaje de la población que se encuentra abandonada a los favores gubernamentales, pues parafraseando a Schopenhahuer, el ser superior, cualquiera que éste sea, no tiene ningún plan en relación con nosotros. Estamos, decía el autor de El mundo como voluntad y representación, solos en este mundo. Por ello debemos encontrar, en la solidaridad, el camino hacia un mejor futuro.

La solidaridad tiene un sentido positivo sólo si una mayoría lo entiende desde su perspectiva filosófica. No se trata de regalar lo poco que nos sobra a los más necesitados; es imponderable compartir con ellos una perspectiva de futuro y demandar que se transforme la acción gubernamental, pero la exigencia debe venir del conjunto de la sociedad. No hacerlo resulta egoísta.

Demandar resultados al gobierno empieza por exigir la salida de quienes, como el Procurador, son intransigentes ante las preguntas de algunos reporteros. Un servidor público que calla a momentos a sus interlocutores, que también regaña y muestra la intolerancia de que es capaz, no sirve a los intereses de la sociedad.

La intolerancia junto con la falta de tacto en el manejo mediático son una muestra preocupante de la capacidad de gobernar. Un Procurador que en una conferencia de prensa sobre la barbarie de Ayotzinapa apresura las respuestas, corrige a los comunicadores y se molesta incluso por las reiteradas exigencias sobre los acontecimientos narrados, nos muestra la insensibilidad de un servidor público que hace su trabajo sin compromiso, sin conciencia del significado de la tragedia.

El servicio público debe nutrirse de una alta capacidad de tolerancia. Requiere dejar de lado el interés particular en función de un bien mayor que es el de atender los requerimientos de la sociedad. El Procurador no lo entiende de esa manera, para él, sólo en la brutal criminalidad se ubica el mal que nos aqueja.

Cierto que resulta preocupante la forma en que narran los hechos varios de los ahora presuntos responsables de la muerte de los estudiantes, pues muestran la insensibilidad del ser humano ante el sufrimiento y el dolor de los de su especie. Resulta estrujante la manera en que cuentan cómo lanzaron cuerpos al precipicio para posteriormente prenderles fuego, utilizando diesel, gasolina, leña, llantas y plástico, en una hoguera que tardo al menos doce horas en extinguirse, lo cual parece dar muestras de que hace tiempo también se extinguió la humanidad de los victimarios.

Afirman hechos como si se tratara de actividades cotidianas, inconscientes quizá de que se trata de actos moralmente reprobables. Los agarramos de “las patas” dice uno de ellos ante la cámara, mientras reseña los hechos a detalle y señala por sus apodos al resto de los que participaron en la barbarie.

En este contexto, el llamado gubernamental a crear un Pacto contra la criminalidad, con la participación de las fuerzas políticas y de las organizaciones de la sociedad civil (seguramente las de siempre), no es más que una respuesta mediática que no puede tener frutos ciertos ni un impacto generalizado de credibilidad.

La tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa ha venido a remover la conciencia de cientos de jóvenes que demandan mayor efectividad del gobierno en la búsqueda de los muertos. Esta tragedia debe ser también el motor para que en conjunto reflexionemos sobre las necesidades de nuestros compatriotas, particularmente de los más desfavorecidos social y económicamente.

Entender que el ser humano no es un acto accidental y que la defensa de su dignidad compromete tanto la acción gubernamental como el compromiso individual, debe ser la premisa para el cambio.

Ayotzinapa; el resquebrajamiento de la ética social en México

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Desde una perspectiva filosófica, concretamente a la luz de la filosofía del derecho, el núcleo de la defensa de los derechos fundamentales se encuentra en el respeto de la dignidad personal, cuya afectación, por cualquier circunstancia, vulnera los estándares de convivencia social, a la vez que atenta en contra de existencia misma de la vida humana. En ese sentido, la violencia, que por otra parte tiene una razón dialéctica con los derechos humanos, es sin duda el grado máximo en que se expresa el ataque a la dignidad de la persona y constituye además un signo inequívoco de la degradación de la especie humana, más aún si la ejecuta una persona en contra de otra, pues menoscaba los valores éticos que se esperan en todo comportamiento racional.

En nuestro país, la violencia se ha ido incrementando en la última década al grado de transformar hechos aislados en situaciones de agresiones sistemáticas a los derechos humanos y en este entorno, la tragedia de Ayotzinapa es de una dimensión grotesca.

Nos muestra no sólo la vulnerabilidad en que vivimos, sino la atrocidad de la que es capaz el ser humano, la decadencia de los valores que fundamentan el ejercicio del poder público y la actitud resignada de una población mayoritariamente pobre, ignorante y asustada. En este entorno, son los jóvenes los que de nueva cuenta nos incitan a no desistir en la exigencia de un mañana más promisorio, en donde el respeto de los derechos fundamentales nos reintegre en el ejercicio de nuestras libertades, para reconocernos como lo que somos, personas dignas en esencia humanas.

Las marchas y manifestaciones de los estudiantes que exigen la aparición con vida de sus compañeros de Ayotzinapa, nos alienta a transitar un camino de esperanza, no obstante la decepcionante actitud de nuestra clase política, más interesada en defender sus espacios de influencia que en privilegiar la recomposición del tejido social, en particular el grupo que gobierna Guerrero.

Las expresiones públicas de estos jóvenes deben ser el acicate necesario que reoriente nuestra actuación personal, con la finalidad de empujar hacia adelante y hacer lo que esté a nuestro alcance en la lucha por restablecer la ética social de nuestra organización comunitaria. Si nos interesa el futuro de nuestra juventud, no podemos seguir siendo pasivos a lo que ocurre en nuestro entorno, particularmente en relación con los estándares de corrupción e impunidad que privan en nuestro país.

Han sido décadas de desinterés ciudadano las que han promovido el crecimiento de la impunidad. No tenemos, como cuerpo social, la costumbre de exigir a los servidores públicos que ejerciten el cargo bajo los estándares de la ética pública, dando como resultado una clase burocrática que en lugar de ver el servicio público como un privilegio y la oportunidad para servir a los intereses de la sociedad, ha sabido aprovechar su posición en los distintos niveles de gobierno para el encumbramiento político de unos cuantos y su enriquecimiento personal.

Al amparo de la corrupción y la impunidad también hemos visto cómo aumenta la fortuna de una clase social que se admira de lo irracional de la criminalidad, pero es incapaz de un gesto de solidaridad con los menos favorecidos, cuando es precisamente de este sector de la población de donde provienen la mayor parte de sus ganancias. La voracidad por la ganancia es el eje que orienta sus actos cotidianos y para muestra, basta un botón. El señor Slim, en un acto de especulación financiera agregó a su fortuna en tan sólo unas horas la suma de cincuenta mil millones de pesos al anunciar a la Bolsa Mexicana de Valores que vendería parte de la infraestructura de América Móvil, a efecto de evadir la regulación asimétrica que el regulador le impuso en su carácter de agente económico preponderante.

Es por supuesto legal y legítimo que el dueño de la más grande empresa de telecomunicaciones del país goce de los beneficios económicos del emporio que construyó, pero desde el punto de vista de la ética social, es lamentable su falta de solidaridad con aquellos a quienes debe su fortuna. La población del país menos favorecida económicamente es cautiva de los servicios de telefonía que presta su empresa, caros y de mala calidad.

Este es el contexto en el que vivimos. Un país de contrastes, en donde unos cuantos acrecientan su riqueza día con día, mientras que del otro extremo subsiste una masa poblacional sumida en la angustia, la desesperación y la miseria, ante la mirada complaciente de una clase política inútil y ambiciosa.

Para qué sirve el gasto millonario que se destina a las actividades de los partidos políticos y el que administra el Instituto Nacional Electoral, si de cualquier manera el crimen organizado se encuentra metido hasta el fondo en parte de nuestra clase política. El gobierno municipal de Iguala, Guerrero no es la excepción, aunque es la muestra más cínica de este contubernio.

Según estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicadas por dicha institución el 30 de julio de 2013 (www.coneval.gob.mx), al cierre del año dos mil doce, 53.3 millones de personas (45.5% de la población) vivían en situación de pobreza, es decir, contaban con al menos una carencia social y su ingreso era insuficiente para adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De esta cifra, 41.8 millones (35.7%) vivía en pobreza moderada, mientras que 11.5 millones (9.8%) se ubicaban en el rubro de pobreza extrema, al contar con tres o más carencias dentro del Índice de Privación Social y estar por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que implica que su ingreso resulta insuficiente para adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

A estas cifras se agregan 33.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad por carencias sociales (28.6%), esto es, aquellas personas que pueden caer en determinado rezago educativo o se ven limitadas en el acceso a los servicios de salud; seguridad social; calidad y espacios de vivienda; servicios básicos en la vivienda y, alimentación. Asimismo, había 7.2 millones (6.2%) que se consideraban vulnerables por ingresos, de tal suerte que sólo 23.2 millones de personas (19.8%) se ubicaban en la condición de “población no pobre y no vulnerable”.

Un dato revelador de la desigualdad social, dentro de la información proporcionada por el CONEVAL, se refiere a la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en donde se ubican 23.5 millones de personas (20%), mientras que desafortunadamente 60.6 millones (51.6%) tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar.

En este entorno de privaciones y desigualdad social, resulta necesario reflexionar sobre el papel de la sociedad civil para recomponer la ética social, pues cuando se compromete la dignidad de la persona con motivo de la criminalidad y la incapacidad gubernamental, es indispensable promover el reconocimiento de las capacidades del individuo en aras de transformar el desinterés de amplios sectores de la población en compromiso social y ejercicio de ciudadanía.

En momentos como el que atraviesa nuestro país, las acciones y demandas de los jóvenes por restablecer el orden social y su exigencia de justicia por los acontecimientos de Ayotzinapa, deben ir aparejadas de una toma de conciencia del resto de la población para asumir un compromiso con los menos favorecidos, tanto desde un punto de vista material como en el plano intelectual.

La solidaridad es un elemento importante de la intersubjetividad; del reconocimiento del otro como parte de nuestra especie y de la necesidad de compromiso con sus necesidades y requerimientos para avanzar hacia el pleno goce de los derechos colectivos. La solidaridad humana es indispensable como estándar de comportamiento personal, con el propósito de rescatar de la indignidad a ese grupo poblacional que se encuentra privado de condiciones materiales de vida que le impiden gozar de los beneficios de vivir en comunidad.

Aparejado a lo anterior, es necesario impulsar la exigencia de los ciudadanos hacia los deberes del servicio público y de manera particular demandar que se erradiquen añejos comportamientos ligados a los fenómenos de impunidad y corrupción. A la sociedad nos corresponde mantener una estrecha vigilancia sobre el comportamiento gubernamental, pues de otra forma estaremos contribuyendo a que se mantenga la pasividad de las actuales élites políticas.

En el origen ontológico de nuestro comportamiento occidental están las respuestas a varios de los problemas que actualmente nos aquejan. Hagamos del postulado de Protágoras, más allá de su relativismo, nuestra visión para el futuro. El hombre, decía el sofista griego, es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Hagamos del ciudadano el centro de atención de la política gubernamental y de la ética social.

Impacto del Acceso al Expediente Clínico jul – sep 2006

 Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Impacto del Acceso al Expediente Clínico

Impacto del Acceso al Expediente Clínico

 

 

Regulación Jurídica de los Datos Clínicos en México abr – jun 2006

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 Regulación Jurídica de los Datos Clínicos en México

Regulación Jurídica de los Datos Clínicos en México

 

Tratamiento Jurídico de los Datos Clínicos en México ene 2006

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 

Tratamiento Jurídico de los Datos Clínicos en México

Tratamiento Jurídico de los Datos Clínicos en México

http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2252/ 17.pdf
Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Bioderecho, tecnología, salud y derecho genómico, 2006-01-01, ISBN 970-32-3788-6, pags. 327-350

 

Certeza Jurídica ante el error médico oct – dic 2005

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 Certeza Jurídica ante el error médico

Certeza Jurídica ante el error médico

Derechos Humanos y Servicios de Atencion Médica (Sobre el tratamiento Jurídico de la mala práctica) abr 2005

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 

Derechos Humanos y Servicios de Atención Médica

Derechos Humanos y Servicios de Atención Medica

 

Régimen Patrimonial de los datos clínicos en México sept 2004

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 Régimen Patrimonial de los datos clínicos en México sept 2004

Régimen Patrimonial de los datos clínicos en México sept 2004

 

 

 

La Responsabilidad Profesional del Equipo Sanitario abr – jun 2004

 Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

La Responsabilidad Profesional del Equipo Sanitario

La Responsabilidad Profesional del Equipo Sanitario

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES EN EL MARCO A LA PROTECION DE LA SALUD 2003

Agustín Ramírez Ramírez
Coordinador Jurídico de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez
 

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES EN EL MARCO A LA PROTECION DE LA SALUD

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/101.pdf

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