Bioética

Barbarie e insensibilidad; ausencia de un estado socialmente responsable

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 

Los motivos de quienes participaron en el secuestro y presuntamente asesinaron en forma brutal y despiadada a los jóvenes de Ayotzinapa, parece no tener una respuesta clara en el discurso gubernamental, lo que genera confusión tanto en los padres de familia que se resisten a creer que sus hijos están muertos, como en la sociedad en su conjunto que no comprende la dilación en los resultados de las investigaciones.

En ese contexto, cuando en las redes sociales se acusa que se trata de un crimen de Estado, tiene razón el Procurador General de la República cuando responde que no fue la autoridad federal quien planeó la masacre, pero se desentiende de las razones que subyacen a la situación de criminalidad por la que atraviesa el país: la desesperanza de los jóvenes por un mejor futuro, particularmente de aquellos que viven en una situación de pobreza y desamparo social.

Respecto de los victimarios, más allá de lo que se sabe sobre su participación dentro del crimen organizado, habría que reflexionar también sobre sus condiciones de vida, pues de otra manera la pregunta sobre los motivos que tuvieron para cometer tal barbarie puede parecer impertinente y merecería una respuesta como la que nos cuenta Rüdiger Safranski en El mal o el drama de la libertad, cuando San Agustín es cuestionado sobre qué hacia Dios antes de crear el mundo y responde que se encontraba preparando el infierno para aquellos que hacen preguntas tan impertinentes.

San Agustín hablaba en forma metafórica, pero el comportamiento grosero e intolerante del Procurador Murillo Karam ante la prensa, cuando en días pasados dio a conocer el avance de las investigaciones, nos recuerda que ese infierno lo vivimos día a día en nuestro país y no lo creó Dios, sino nuestra clase gobernante, de todos los signos políticos, insensible e incapaz de asumir el reto de construir un mejor futuro para nuestros jóvenes.

Asombra que al día siguiente el Procurador Murillo Karam, para disminuir los efectos mediáticos de su declaración previa sobre el cansancio que lo aqueja, pues también es humano, dijo, afirme estar cansado de la brutal criminalidad que padecemos; parece no entender que la capacidad mostrada por el crimen organizado para dañar la integridad física de los estudiantes y atentar de una manera tan atroz en contra de la dignidad personal, tiene su antecedente en la irresponsabilidad estatal que por décadas ha sido incapaz de brindar educación de calidad y que tampoco ha podido sacar de la pobreza a millones de mexicanos.

No entender que la descomposición política que se vive en el país ha crecido en forma paralela con la ausencia de políticas públicas que vayan más allá de la actual naturaleza asistencialista de los programas sociales, afirma la visión reduccionista que tienen en el gobierno de la situación que desde hace décadas caracteriza la vida social de nuestro país.

Cómo olvidar que el Programa SOLIDARIDAD del Presidente Salinas se transformó en el PROGRESA de Zedillo y Fox le cambió el nombre a OPORTUNIDADES, el cual quedó intacto en la administración de Calderón y que ahora decidieron llamar PROSPERA, pero que en ninguna de sus versiones ha tenido la capacidad de disminuir los niveles de pobreza de la población.

Para el gobierno federal se trata sólo de cifras, de un manejo muy eficiente de indicadores que permiten anunciar al mundo que en México se atiende a los más necesitados, aunque en cada sexenio las cifras de pobreza se mantienen casi en los mismos niveles. Desde Salinas son ya varias las generaciones que han aprendido a vivir al amparo de las decisiones asistencialistas del gobierno, sin que sus condiciones de vida les permitan aspirar a mejores estándares de bienestar.

En su origen, la denominación del programa gubernamental aludía a la posibilidad de ayudar al necesitado, al sujeto que está a nuestro lado y que sufre las consecuencias de su deplorable condición social, pero el tiempo y la insensibilidad estatal se encargaron de perpetuar la pobreza y otorgarle un manejo conceptual con pocas posibilidades de éxito.

Por ello es necesario que desde la sociedad civil podamos recuperar el significado original del programa asistencialista del gobierno, sin que ello signifique validar su esquema de operación actual. En realidad, se trata de que los ciudadanos podamos asumir un sentido de corresponsabilidad con aquellos que están a nuestro lado y que requieren de comprensión y ayuda, no sólo material sino afectiva y espiritual en el sentido amplio del término, con el interés de construir mejores estándares de vida para todos. Polarizar la situación actual entre buenos y malos nos aleja necesariamente de nuestra humanidad.

Los pobres constituyen un alto porcentaje de la población que se encuentra abandonada a los favores gubernamentales, pues parafraseando a Schopenhahuer, el ser superior, cualquiera que éste sea, no tiene ningún plan en relación con nosotros. Estamos, decía el autor de El mundo como voluntad y representación, solos en este mundo. Por ello debemos encontrar, en la solidaridad, el camino hacia un mejor futuro.

La solidaridad tiene un sentido positivo sólo si una mayoría lo entiende desde su perspectiva filosófica. No se trata de regalar lo poco que nos sobra a los más necesitados; es imponderable compartir con ellos una perspectiva de futuro y demandar que se transforme la acción gubernamental, pero la exigencia debe venir del conjunto de la sociedad. No hacerlo resulta egoísta.

Demandar resultados al gobierno empieza por exigir la salida de quienes, como el Procurador, son intransigentes ante las preguntas de algunos reporteros. Un servidor público que calla a momentos a sus interlocutores, que también regaña y muestra la intolerancia de que es capaz, no sirve a los intereses de la sociedad.

La intolerancia junto con la falta de tacto en el manejo mediático son una muestra preocupante de la capacidad de gobernar. Un Procurador que en una conferencia de prensa sobre la barbarie de Ayotzinapa apresura las respuestas, corrige a los comunicadores y se molesta incluso por las reiteradas exigencias sobre los acontecimientos narrados, nos muestra la insensibilidad de un servidor público que hace su trabajo sin compromiso, sin conciencia del significado de la tragedia.

El servicio público debe nutrirse de una alta capacidad de tolerancia. Requiere dejar de lado el interés particular en función de un bien mayor que es el de atender los requerimientos de la sociedad. El Procurador no lo entiende de esa manera, para él, sólo en la brutal criminalidad se ubica el mal que nos aqueja.

Cierto que resulta preocupante la forma en que narran los hechos varios de los ahora presuntos responsables de la muerte de los estudiantes, pues muestran la insensibilidad del ser humano ante el sufrimiento y el dolor de los de su especie. Resulta estrujante la manera en que cuentan cómo lanzaron cuerpos al precipicio para posteriormente prenderles fuego, utilizando diesel, gasolina, leña, llantas y plástico, en una hoguera que tardo al menos doce horas en extinguirse, lo cual parece dar muestras de que hace tiempo también se extinguió la humanidad de los victimarios.

Afirman hechos como si se tratara de actividades cotidianas, inconscientes quizá de que se trata de actos moralmente reprobables. Los agarramos de “las patas” dice uno de ellos ante la cámara, mientras reseña los hechos a detalle y señala por sus apodos al resto de los que participaron en la barbarie.

En este contexto, el llamado gubernamental a crear un Pacto contra la criminalidad, con la participación de las fuerzas políticas y de las organizaciones de la sociedad civil (seguramente las de siempre), no es más que una respuesta mediática que no puede tener frutos ciertos ni un impacto generalizado de credibilidad.

La tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa ha venido a remover la conciencia de cientos de jóvenes que demandan mayor efectividad del gobierno en la búsqueda de los muertos. Esta tragedia debe ser también el motor para que en conjunto reflexionemos sobre las necesidades de nuestros compatriotas, particularmente de los más desfavorecidos social y económicamente.

Entender que el ser humano no es un acto accidental y que la defensa de su dignidad compromete tanto la acción gubernamental como el compromiso individual, debe ser la premisa para el cambio.

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