Colaboraciones "Revista Zócalo"

Un Consejo Ciudadano con demasiados requisitos y pocos incentivos

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Los medios públicos constituyen uno de los grandes pendientes de la regulación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo dispuesto en el artículo DÉCIMO TRANSITORIO del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de junio de 2013, que enlistaba las características a que debería sujetarse la operación de los medios públicos, se plasmó en la llamada ley convergente de forma que impide la transformación del modelo de comunicación a cargo de las actuales emisoras de radio y televisión que opera el estado mexicano.

En efecto, los medios públicos de carácter federal, así como los sistemas de las entidades federativas mantendrán su estilo de comunicación apegado a los intereses de las instancias gubernamentales de las cuales dependen, mayoritariamente vinculados con los intereses de los poderes ejecutivos, tanto el federal como los locales.

Seguirán sin posibilidades de contar, como lo señalaba el citado dispositivo legal, con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

El artículo 86 de la ley secundaria establece que los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para operar un medio de comunicación de uso público, deberán presentar solicitud en la que será necesario precisar “los mecanismos para asegurar” el cumplimiento de los principios enlistadas en el párrafo anterior, es decir, para ajustar su operación a las características a que se refiere el TRANSITORIO DÉCIMO referido con antelación.

Esto implica que los actuales medios públicos permanecerán sin cambio alguno, situación que se ratifica en lo dispuesto por el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la ley secundaria, que a la letra indica: Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del Decreto, en la ley y en la normatividad que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos o permisos hasta su terminación, a menos que se obtenga la autorización para prestar servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o hubiere transitado a la concesión única prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo caso, se estará a los términos y condiciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca.

Durante el proceso de discusión en las cámaras legislativas, hubo quién de manera ingenua supuso desde la academia, que el contenido del transitorio ya referido (DÉCIMO), tendría que insertarse obligadamente en la nueva legislación para transformar y fortalecer a los actuales medios públicos. La realidad fue otra.

En las comisiones dictaminadoras, por su parte, se prefirió poner mayor atención en regular lo dispuesto en la fracción IV del apartado B, del artículo 6º Constitucional, que refiere la creación de un “organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.

Fue así que en términos del artículo DÉCIMO TERCERO del Decreto del 14 de julio de 2014, se expidió la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la llamada cadena pública de televisión abierta, que utilizará las frecuencias que hasta antes de estas reformas operaba el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales creado en el sexenio del Presidente Calderón.

Por su naturaleza, el Sistema no deja de ser un medio público, no obstante que según las disposiciones de la ley por la cual se crea, se trata de un organismo encargado de coordinar las actividades de los actuales medios de carácter federal y de colaborar con los fines de los medios de naturaleza estatal. En este contexto, no deja de asombrar la definición contenida en la fracción VII del artículo 2º de la Ley, por la cual se entiende que un medio público es “la estación de radio o televisión de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, que opera mediante concesión, cuyo contenido programático se basa en la pluralidad política, cultural y social del país y que tiene por objeto promover la educación, los valores democráticos, el servicio social, la información veraz y objetiva y la participación ciudadana”, con lo cual se enfatiza el carácter gubernamental de los medios públicos que actualmente opera la federación.

Dice también la Ley por la cual se crea el Sistema que este organismo público “contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”. No se alude, desafortunadamente, al resto de las características ya enunciadas en el artículo DÉCIMO TRANSITORIO de la reforma constitucional.

La ley reitera lo dispuesto en el texto constitucional en cuanto a que se trata de un cuerpo colegiado cuyos miembros tendrán carácter honorario, integrado por nueve consejeros “que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente”. Desde que se promulgó la reforma constitucional me pareció excesiva esta disposición, al no incluir los términos en que debía orientarse la citada consulta pública, pues se corre el riesgo de excluir a ciertos candidatos en función de los intereses de las fracciones parlamentarias.

No obstante que el artículo VIGÉSIMO OCTAVO transitorio de la ley secundaria estableció que la designación de los miembros del Consejo Ciudadano debería “realizarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”, la junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió la convocatoria el pasado 9 de octubre y lo que debió ser, como lo precisa el texto legal, una “amplia consulta pública” se redujo a la exigencia de la auto postulación. En nuestro país existen académicos y profesionales de probada experiencia en lo que se refiere la operación de los medios públicos, sin embargo, algunos no participarán en el proceso de selección no tanto por tratarse de un cargo honorario, sino por el riesgo, ya anotado, de no ser tomados en cuenta debido a sus posiciones políticas o ideológicas, que no siempre son coincidentes con el grupo que controla las decisiones en la Cámara de los senadores.

Los interesados, además de los documentos probatorios de su experiencia y formación profesional, deberán presentar un ensayo con una extensión máxima de diez cuartillas, en donde expresen “los puntos más importantes” en que basarán su participación en el consejo ciudadano, así como “las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo”.

Corresponderá a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y, de Gobernación, “acordar el formato y metodología para la evaluación de los candidatos”, así como analizar “exhaustivamente las propuestas” para presentar ante la Junta de Coordinación Política un listado con los nombres de los nueve candidatos a ocupar el cargo de Consejeros del Sistema, sin embargo, a pesar de que en esas comisiones pudiera realizarse un trabajo serio con miras a elegir los perfiles idóneos, su propuesta no será vinculante, pues la designación, según se aprecia en la convocatoria, corresponderá al pleno de la Cámara de los Senadores, de tal suerte que la votación no sólo corre el riesgo de ser instruida por los Coordinadores Parlamentarios, sino que podría darse el caso de estar orientada por criterios políticos y de distribución de cuotas.

Para ajustarse a la disposición constitucional de llevar a cabo una “amplia consulta pública”, el proceso debió considerar la participación de instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, como se ha hecho en otras designaciones de carácter honorario, con el propósito de que fueran éstas las que propusieran candidatos, pues si en la auto postulación se excluyen voluntariamente algunas personalidades de la academia y de las propias organizaciones, se disminuye la posibilidad de conformar un Consejo altamente profesional y con experiencia.

Desde que se promulgó la disposición constitucional critiqué la forma en que serían designados los consejeros, ya que un cargo honorario que debe pasar el filtro de una cámara legislativa podía generar incertidumbre en los aspirantes. Una vez promulgada la ley por la cual se crea el Sistema dos puntos llaman la atención. En primer lugar, la confirmación de que las opiniones del Consejo no serán vinculantes para el Presidente del sistema y en segundo término, el hecho de que éste, que será el encargado de dirigir el citado organismo público, también será Presidente de la junta de Gobierno. Inadecuadamente se rompe el equilibrio que el régimen paraestatal establece, pues en este caso se depositan en una sola persona las facultades de dirección y se le encarga la Presidencia del órgano de gobierno.

Ojalá que a pesar de la ausencia de un mecanismo para una verdadera “consulta pública” el proceso acordado por la junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores cuente con una participación numerosa de tal forma que se postulen personas con méritos suficientes para asegurar el cumplimiento de las finalidades atribuidas legalmente al Consejo, pues de otra manera, si la participación es mínima y la elección obedece a criterios políticos, dicho cuerpo colegiado no pasará de ser un simple elemento decorativo que no hará contrapeso alguno al presidente del Sistema.

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