Bioética

Ayotzinapa; el resquebrajamiento de la ética social en México

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Desde una perspectiva filosófica, concretamente a la luz de la filosofía del derecho, el núcleo de la defensa de los derechos fundamentales se encuentra en el respeto de la dignidad personal, cuya afectación, por cualquier circunstancia, vulnera los estándares de convivencia social, a la vez que atenta en contra de existencia misma de la vida humana. En ese sentido, la violencia, que por otra parte tiene una razón dialéctica con los derechos humanos, es sin duda el grado máximo en que se expresa el ataque a la dignidad de la persona y constituye además un signo inequívoco de la degradación de la especie humana, más aún si la ejecuta una persona en contra de otra, pues menoscaba los valores éticos que se esperan en todo comportamiento racional.

En nuestro país, la violencia se ha ido incrementando en la última década al grado de transformar hechos aislados en situaciones de agresiones sistemáticas a los derechos humanos y en este entorno, la tragedia de Ayotzinapa es de una dimensión grotesca.

Nos muestra no sólo la vulnerabilidad en que vivimos, sino la atrocidad de la que es capaz el ser humano, la decadencia de los valores que fundamentan el ejercicio del poder público y la actitud resignada de una población mayoritariamente pobre, ignorante y asustada. En este entorno, son los jóvenes los que de nueva cuenta nos incitan a no desistir en la exigencia de un mañana más promisorio, en donde el respeto de los derechos fundamentales nos reintegre en el ejercicio de nuestras libertades, para reconocernos como lo que somos, personas dignas en esencia humanas.

Las marchas y manifestaciones de los estudiantes que exigen la aparición con vida de sus compañeros de Ayotzinapa, nos alienta a transitar un camino de esperanza, no obstante la decepcionante actitud de nuestra clase política, más interesada en defender sus espacios de influencia que en privilegiar la recomposición del tejido social, en particular el grupo que gobierna Guerrero.

Las expresiones públicas de estos jóvenes deben ser el acicate necesario que reoriente nuestra actuación personal, con la finalidad de empujar hacia adelante y hacer lo que esté a nuestro alcance en la lucha por restablecer la ética social de nuestra organización comunitaria. Si nos interesa el futuro de nuestra juventud, no podemos seguir siendo pasivos a lo que ocurre en nuestro entorno, particularmente en relación con los estándares de corrupción e impunidad que privan en nuestro país.

Han sido décadas de desinterés ciudadano las que han promovido el crecimiento de la impunidad. No tenemos, como cuerpo social, la costumbre de exigir a los servidores públicos que ejerciten el cargo bajo los estándares de la ética pública, dando como resultado una clase burocrática que en lugar de ver el servicio público como un privilegio y la oportunidad para servir a los intereses de la sociedad, ha sabido aprovechar su posición en los distintos niveles de gobierno para el encumbramiento político de unos cuantos y su enriquecimiento personal.

Al amparo de la corrupción y la impunidad también hemos visto cómo aumenta la fortuna de una clase social que se admira de lo irracional de la criminalidad, pero es incapaz de un gesto de solidaridad con los menos favorecidos, cuando es precisamente de este sector de la población de donde provienen la mayor parte de sus ganancias. La voracidad por la ganancia es el eje que orienta sus actos cotidianos y para muestra, basta un botón. El señor Slim, en un acto de especulación financiera agregó a su fortuna en tan sólo unas horas la suma de cincuenta mil millones de pesos al anunciar a la Bolsa Mexicana de Valores que vendería parte de la infraestructura de América Móvil, a efecto de evadir la regulación asimétrica que el regulador le impuso en su carácter de agente económico preponderante.

Es por supuesto legal y legítimo que el dueño de la más grande empresa de telecomunicaciones del país goce de los beneficios económicos del emporio que construyó, pero desde el punto de vista de la ética social, es lamentable su falta de solidaridad con aquellos a quienes debe su fortuna. La población del país menos favorecida económicamente es cautiva de los servicios de telefonía que presta su empresa, caros y de mala calidad.

Este es el contexto en el que vivimos. Un país de contrastes, en donde unos cuantos acrecientan su riqueza día con día, mientras que del otro extremo subsiste una masa poblacional sumida en la angustia, la desesperación y la miseria, ante la mirada complaciente de una clase política inútil y ambiciosa.

Para qué sirve el gasto millonario que se destina a las actividades de los partidos políticos y el que administra el Instituto Nacional Electoral, si de cualquier manera el crimen organizado se encuentra metido hasta el fondo en parte de nuestra clase política. El gobierno municipal de Iguala, Guerrero no es la excepción, aunque es la muestra más cínica de este contubernio.

Según estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicadas por dicha institución el 30 de julio de 2013 (www.coneval.gob.mx), al cierre del año dos mil doce, 53.3 millones de personas (45.5% de la población) vivían en situación de pobreza, es decir, contaban con al menos una carencia social y su ingreso era insuficiente para adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De esta cifra, 41.8 millones (35.7%) vivía en pobreza moderada, mientras que 11.5 millones (9.8%) se ubicaban en el rubro de pobreza extrema, al contar con tres o más carencias dentro del Índice de Privación Social y estar por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que implica que su ingreso resulta insuficiente para adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

A estas cifras se agregan 33.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad por carencias sociales (28.6%), esto es, aquellas personas que pueden caer en determinado rezago educativo o se ven limitadas en el acceso a los servicios de salud; seguridad social; calidad y espacios de vivienda; servicios básicos en la vivienda y, alimentación. Asimismo, había 7.2 millones (6.2%) que se consideraban vulnerables por ingresos, de tal suerte que sólo 23.2 millones de personas (19.8%) se ubicaban en la condición de “población no pobre y no vulnerable”.

Un dato revelador de la desigualdad social, dentro de la información proporcionada por el CONEVAL, se refiere a la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en donde se ubican 23.5 millones de personas (20%), mientras que desafortunadamente 60.6 millones (51.6%) tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar.

En este entorno de privaciones y desigualdad social, resulta necesario reflexionar sobre el papel de la sociedad civil para recomponer la ética social, pues cuando se compromete la dignidad de la persona con motivo de la criminalidad y la incapacidad gubernamental, es indispensable promover el reconocimiento de las capacidades del individuo en aras de transformar el desinterés de amplios sectores de la población en compromiso social y ejercicio de ciudadanía.

En momentos como el que atraviesa nuestro país, las acciones y demandas de los jóvenes por restablecer el orden social y su exigencia de justicia por los acontecimientos de Ayotzinapa, deben ir aparejadas de una toma de conciencia del resto de la población para asumir un compromiso con los menos favorecidos, tanto desde un punto de vista material como en el plano intelectual.

La solidaridad es un elemento importante de la intersubjetividad; del reconocimiento del otro como parte de nuestra especie y de la necesidad de compromiso con sus necesidades y requerimientos para avanzar hacia el pleno goce de los derechos colectivos. La solidaridad humana es indispensable como estándar de comportamiento personal, con el propósito de rescatar de la indignidad a ese grupo poblacional que se encuentra privado de condiciones materiales de vida que le impiden gozar de los beneficios de vivir en comunidad.

Aparejado a lo anterior, es necesario impulsar la exigencia de los ciudadanos hacia los deberes del servicio público y de manera particular demandar que se erradiquen añejos comportamientos ligados a los fenómenos de impunidad y corrupción. A la sociedad nos corresponde mantener una estrecha vigilancia sobre el comportamiento gubernamental, pues de otra forma estaremos contribuyendo a que se mantenga la pasividad de las actuales élites políticas.

En el origen ontológico de nuestro comportamiento occidental están las respuestas a varios de los problemas que actualmente nos aquejan. Hagamos del postulado de Protágoras, más allá de su relativismo, nuestra visión para el futuro. El hombre, decía el sofista griego, es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Hagamos del ciudadano el centro de atención de la política gubernamental y de la ética social.

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