Telecomunicaciones y Radiodifusión

Notas para entender el carácter público de las sesiones del Pleno del IFT

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Transparentar los actos gubernamentales tiene un doble efecto; virtuoso en ambos casos. Por un lado, permite a los ciudadanos tener mejores elementos para evaluar los actos del poder público, mientras que por otra parte se fortalece la estructura de rendición de cuentas del aparato burocrático.

Por ello es importante entender lo que sucede en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno de la disposición que regula la naturaleza de las sesiones que lleva a cabo el Pleno, ya que el segundo párrafo del artículo 47 de la llamada ley convergente precisa que “las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada”. El primer párrafo se refiere al carácter de los acuerdos y resoluciones, que en congruencia con las disposiciones en materia de transparencia gubernamental, sólo permite reservar aquellas partes que contengan información confidencial o reservada, de tal suerte que en relación con las sesiones, la parte conducente establece en los mismos términos las excepciones de reserva y confidencialidad.

En este contexto, llama la atención que la Comisionada Adriana Labardini, en el Senado de la República, haya exhortado a los legisladores durante su comparecencia, a modificar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que desde su perspectiva existen divergencias entre dicho cuerpo normativo y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en particular por lo ya señalado anteriormente sobre el carácter público de las sesiones del Pleno.

El argumento sobre la imposibilidad de abrir las sesiones del Pleno no sólo violenta el principio constitucional de máxima publicidad, sino que además, decir que en la mayoría de las sesiones se tratan asuntos que pueden afectar a los regulados y por ello resulta imposible que se hagan públicas, es insostenible. La determinación sobre la publicidad de las sesiones de conformidad con el contenido de los asuntos que delibera el Pleno debe ser casuística; no puede aventurarse una hipótesis general.

Resulta inexacto afirmar, por otra parte, que no se violenta el texto constitucional en virtud de que con posterioridad a las sesiones se elaboran versiones públicas que se suben al portal del IFT, tanto de las actas como de las transcripciones estenográficas e incluso de los audios, pues si bien constituye un buen indicador del compromiso que tiene el regulador con la transparencia, la publicidad ex post no sustituye la evaluación ciudadana, que constituye un termómetro mucho más acucioso del cumplimiento legal, pues las versiones públicas no permiten analizar si las partes que se testan o eliminan, según sea el caso, y que por tanto se resguardan del conocimiento público, son conformes con los principios de reserva y confidencialidad a que se refiere la ley.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha emitido lineamientos en materia de versiones públicas que sirven de guía a los servidores públicos encargados de la transparencia en las entidades gubernamentales, pero nada suple la posibilidad del escrutinio ciudadano. Las versiones se elaboran conforme al criterio particular de los responsables de las áreas de transparencia, pero a final de cuentas no son infalibles al determinar qué partes de un documento deben evadir el conocimiento público. Un importante número de recursos resueltos por el IFAI demuestra que las versiones públicas responden muchas veces a un criterio reduccionista del principio de máxima publicidad y en otros casos se elaboran bajo instrucciones expresas del superior jerárquico, conforme a estándares que se apartan de los principios legales.

Por ello es menester privilegiar el acceso de los ciudadanos a las deliberaciones de los servidores públicos, pues por otra parte, no todo acto deliberativo, por sí mismo, constituye una hipótesis de reserva en materia de transparencia gubernamental, como también lo han querido manejar en el IFT. La ley en la materia establece que los actos deliberativos de los servidores públicos pueden reservarse siempre y cuando no se haya adoptado una decisión sobre la materia que se discute. También puede reservarse la información cuando dentro de dichas deliberaciones pueda verse vulnerada la esfera jurídica de los gobernados.

Al respecto, cabe hacer una precisión a efecto de evitar confusiones. La deliberación no es el elemento sustancial para definir la secrecía de las sesiones, es decir, el hecho de que el funcionamiento de un cuerpo colegiado sea deliberativo por naturaleza no tiene por consecuencia que deba limitarse la presencia ciudadana. El acto deliberativo se refiere a la materia de los asuntos que el Pleno discute, de tal suerte que un caso sobre el que los comisionados deliberan puede no contener datos confidenciales y de igual manera es posible que no se encuadre en alguna de las hipótesis a que se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley de Transparencia, por lo que necesariamente se trata de información pública.

Cuando se habla de procesos deliberativos, la hipótesis que la Ley resguarda es la que se encuentra regulada en la fracción IV del artículo 14 de la Ley de Transparencia, esto es, aquella que “contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”. Una primera aproximación interpretativa de esta disposición, con carácter restrictivo, implicaría que puede restringirse el acceso de personas ajenas al IFT a las sesiones del Pleno en el caso de que se discuta un asunto sobre el cual no se haya adoptado una decisión definitiva.

Pero lo anterior también debe entenderse en el contexto del principio constitucional de máxima publicidad, pues una interpretación restrictiva como la anotada, tendría por consecuencia que pudiera reservarse cualquier asunto, en virtud de que la discusión de los comisionados es previa a la adopción de un criterio final. Los comisionados discuten y deliberan para tomar decisiones colegiadas pero no todos los asuntos que abordan contienen información que pueda vulnerar la esfera jurídica de algún sujeto, entre ellos los regulados. Bajo esa hipótesis, aunque la discusión sobre la posible interposición de una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones de la ley secundaria fue previa al impedimento que sufrió una reportera del periódico Reforma para entrar a una sesión del Pleno, hubiera sido el colmo que algún funcionario del IFT defendiera la idea de que en virtud de que la decisión sobre la controversia no se había adoptado, la sesión no tenía carácter público.

Para una mejor comprensión del problema, es necesario responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de la presencia ciudadana en las discusiones de los servidores públicos? Desde la experiencia de su servidor, en las sesiones a puerta cerrada los servidores públicos son menos cuidadosos al expresar sus opiniones. La presencia ciudadana siempre será un acicate para cuidar sus palabras; se tornan meticulosos en el análisis inmediato lo cual genera mayor reflexión sobre los asuntos que tratan.

Ciertamente no se puede descalificar el hecho de que el IFT suba a su página web las versiones estenográficas de las sesiones e incluso partes de los audios. Se trata de una decisión adoptada al amparo de la ley, que debe celebrarse, pero es necesario entender que la apertura de las sesiones al público es un mecanismo ex ante en materia de transparencia, que a diferencia de las versiones públicas, permite valorar de manera directa los argumentos de quienes deliberan bajo los criterios del interés público. Hacerlo ex post, como es el caso de las versiones públicas, constituye una parte del proceso de transparencia gubernamental, pero no impide la práctica de añejos vicios de opacidad ni la tentación deliberada del poder público de ocultar información a los ciudadanos.

Por lo anterior, me parece que falta mayor reflexión en los argumentos expuestos hasta ahora por parte de los comisionados del IFT, pues no parece pertinente la propuesta de modificar la Ley de Transparencia para aclarar los términos en que deben llevarse a cabo las sesiones de cuerpos colegiados como es el caso del Pleno del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Desde mi punto de vista, para asegurar la transparencia en beneficio de los ciudadanos, basta que el IFT aplique las disposiciones de la Ley de transparencia en congruencia con el principio de máxima publicidad.

Por ello sería recomendable que al interior del Instituto, quien se encargue de la política de transparencia gubernamental entienda a cabalidad este principio, señalado de manera enfática en el apartado A, del artículo 6º de nuestra Carta Fundamental y que de la misma manera entienda la ratio del primer párrafo del artículo 49 de la Ley secundaria, que dispone: Cuando la información correspondiente a uno o varios asuntos haya sido declarada confidencial o reservada el Pleno acordará la discusión de los mismos en sesiones privadas, justificando públicamente las razones de esta determinación.

Aplicar las hipótesis anteriores permitiría impulsar una política de transparencia mediante actos ex ante, es decir, promovería el análisis previo de los asuntos que habrán de ponerse a consideración del Pleno e informar, mediante un razonamiento legal estricto, las consideraciones por las cuales alguna sesión deba ser privada. De lo contrario, se mantendrá la sospecha del ocultamiento o de la ignorancia, con lo cual seguirán perdiendo legitimidad y respaldo social.

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