Telecomunicaciones y Radiodifusión

No desea el que no conoce; el caso de la concentración mediática y su impacto en la libertad de expresión

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Impartiendo un taller sobre el nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión, al referirme a un criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la concentración mediática constituye en sí misma una violación al derecho fundamental de libertad de expresión, para afirmar después que en nuestro país los contenidos de la televisión abierta son francamente de una enorme pobreza, la pregunta de uno de los asistentes motivó una interesante reflexión no sólo sobre la calidad de los contenidos audiovisuales, sino también en relación con la finalidad que cumplen las organizaciones de la sociedad civil.

La pregunta se centraba en las razones para sostener el argumento sobre la pobreza mediática de la televisión abierta, tomando en consideración, decía mi interlocutor, que la mayoría de la población se asume satisfecha (al menos, afirmaba, no hay elementos cuantitativos para señalar lo contrario) con las transmisiones de los actuales consorcios mediáticos en nuestro país. Nadie puede tener interés en aquello que sabe que es de ínfima calidad, decía.

El comentario no dejaba de ser interesante, pues sostenía su afirmación sobre el gusto mayoritario de la población en las mediciones de rating que alcanzan las telenovelas y los programas que la televisión abierta transmite sobre supuestos hechos de la vida real, los cuales ocurren, a decir de dichas transmisiones, en sectores mayoritarios de la población. Lo mismo podría decirse, señalaba, de otros programas relacionados con concursos de diversa índole, a pesar de que en ellos se juega con las aspiraciones de los concursantes, alentadas por personalidades de la farándula.

Para una respuesta inmediata de mi parte, un tanto subjetiva por supuesto, acudí a la experiencia de los presentes, profesionales en comunicación en su mayoría, quienes estuvieron de acuerdo en la pobreza comunicativa de las telenovelas, programas de entretenimiento y en particular los llamados talk shows, en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de nuestra Constitución, que al precisar las características del servicio público de radiodifusión señala que además de brindarse “en condiciones de competencia y calidad”, es necesario que las transmisiones brinden “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de [la] Constitución”.

Pero no sólo eso, pues una conseja popular afirma que “no desea el que no conoce”, sostuve, para después aludir a las mediciones que el propio órgano regulador ha hecho públicas en relación con la cobertura de las señales abiertas. Recordé que el 21 de febrero de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en los Lineamientos aprobados por el Pleno sobre retransmisión de señales (must offer y muste carry), estableció que “… dentro de las zonas de cobertura […] de las estaciones de televisión radiodifundida se encontraría el 97.76% de la población total del país…”.

A lo anterior, habría que agregar que con base en dichos Lineamientos, el IFT concluyó que las señales del canal 2 de televisión llegan al 75.26% del territorio nacional, mientras que las del canal 5 cubren el 61.84%. Del otro consorcio mediático, el Instituto asentó que la señal del canal 7 llega al 68.29% del territorio y el canal 13 cubre el 76.58%.

Estos datos permiten aseverar que los contenidos audiovisuales que transmiten las cadenas abiertas de televisión comercial están a disposición de la mayor parte de la población, lo cual nos induce a presumir que sus contenidos son vistos por aquellos sectores mayoritarios que no tienen posibilidades de acceso a la televisión de paga, así como a otras plataformas como internet. Por cierto, dado que la televisión de paga es parte del sector de las telecomunicaciones, ya habrá oportunidad de reflexionar sobre el alcance de su denominación como servicio público, en relación con las características que identifican su naturaleza jurídica.

Volviendo al tema. Según la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 2010, el 90% de las personas entrevistadas tiene por hábito ver la televisión. Un 40% lo hace por más de dos hora, mientras que el 35% invierte entre una y dos horas. Del 90% que ve la televisión, el 21% prefiere las telenovelas, y si bien un 23% indica que ve los noticiarios, también llama la atención que sólo un 2% prefiere los programas culturales y un 4% los documentales. Además, según informes del órgano regulador, al cierre del primer trimestre de 2014 existen en el país un poco más de quince millones de suscriptores de televisión de paga, incluida la cableada como la satelital, de ahí que la programación que ofrece la televisión abierta siga siendo no sólo la de mayor cobertura sino a la que accede mayoritariamente la población del país.

Con estos datos insisto en la apreciación que se formula con la frase anteriormente anotada de que “no desea el que no conoce”, pues no obstante la información que existe sobre la televisión de paga, sus costos impiden que amplios sectores de la población mexicana accedan a sus transmisiones, de ahí que pueda sostenerse la hipótesis de que el grueso de la población del país no tiene posibilidades de visualizar los contenidos que se ofrecen a través de esta plataforma, en el entendido de que no todo lo que ofrece la televisión de paga tiene un estándar de calidad inmejorable, pero existe consenso entre los especialistas en el sentido de que una mayor oferta de contenidos amplía las posibilidades de encontrar contenidos de calidad.

La misma limitación se puede encontrar con el acceso a contenidos audiovisuales a través de la banda ancha, pues según el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con datos de 2013, México tiene un índice de conectividad del 37%, medido en número de usuarios activos de internet, mientras que el porcentaje de hogares apenas llega al 30.7%.

Así, la premisa de mi afirmación sobre la pobreza de las transmisiones de la televisión comercial abierta, a pesar de la conformidad (a la que no necesariamente se le puede denominar satisfacción) que manifiestan sus audiencias, se sustenta en que la mayor parte de la población no tiene opciones de acceso a contenidos audiovisuales más allá de los que transmiten los actuales consorcios mediáticos, lo que limita su capacidad para opinar sobre otro tipo de contenidos, en particular de aquellos que se transmiten por otras plataformas en los que se puede encontrar mayor variedad, lo que otorga posibilidades de encontrar índices de calidad que superen los de la televisión abierta.

Una oferta comunicativa disminuida, debido a que sólo se tiene acceso a la programación de los canales de señal abierta, afecta los parámetros de diversidad y pluralidad de contenidos que se ofrecen al público y, no obstante la existencia de un proceso de licitación para operar dos nuevas cadenas de televisión comercial con tecnología digital en señal abierta, las expectativas de aumentar la calidad de las transmisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de nuestra Constitución dependerá de la oferta programática que autorice el órgano regulador y de la capacidad de los nuevos concesionarios para ofrecer una alternativa de entretenimiento e información para las audiencias.

Por otra parte, a fin de otorgar mayor solidez argumentativa a mi afirmación, cabe mencionar que en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, del año 2010, la entonces Relatora Catalina Botero señalaba que “… el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión”.

En el mismo sentido, en un foro de fecha más reciente, en Perú, la ex relatora de la OEA también dijo que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación “conspira contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”. Lo anterior es así, en virtud de que la pluralidad y diversidad de contenidos audiovisuales son indispensables para que los ciudadanos arribemos a una opinión informada de los acontecimientos del país y del mundo.

Ojalá que en el mediano plazo, esfuerzos como el relativo a la existencia de dos nuevas cadenas de televisión digital comercial, así como la operación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que se crean a partir de disposiciones constitucionales, incentiven una mayor pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales en beneficio de las audiencias, pues de otra manera, se corre el riesgo de mantener la pobreza audiovisual del actual modelo de comunicación, tanto en el sector público como en el comercial.

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