Telecomunicaciones y Radiodifusión

En busca de justicia; los amparos contra la ley de telecomunicaciones

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Con cualquier texto normativo, una vez que adquiere vigencia, se puede estar a favor y en contra. La ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión no es la excepción.

Para algunos, tanto la reforma constitucional como la ley convergente constituyen un paso trascendente, una gran reforma como lo sostuvieron algunos legisladores durante el proceso legislativo, tanto en comisiones dictaminadoras como en el pleno, incluidos algunos diputados y senadores de los partidos de oposición, mientras que para otros se perdió una gran oportunidad para avanzar en un marco regulatorio que recogiera las mejores prácticas internacionales en pro de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Desafortunadamente la discusión legislativa fue pobre, casi inexistente, por decisión de una mayoría legislativa, lo que nos privó de conocer puntos de vista mucho más diversos. Aunque la jornada legislativa para aprobar la ley secundaria fue larga, hubiera sido útil que las reservas a dicha ley no se desecharan para tener la oportunidad de valorar ideas y argumentos a favor y en contra. Curiosamente la única discusión interesante, a mi parecer, la tuvieron dos senadores de un mismo partido, el PAN, cuando se enfrascaron, con argumentos jurídicos, sobre los pros y contras de la preponderancia y la regulación por sectores o por servicios.

Posteriormente, la posibilidad de promover recursos constitucionales en contra de los contenidos regulatorios de la ley se vino abajo debido a que en las cámaras legislativas no se alanzaron las firmas suficientes, mientras que los organismos constitucionales autónomos facultados para ello se vieron imposibilitados jurídicamente para presentar acciones de inconstitucionalidad o controversia, por inacción (en el caso de la CNDH), o por la decisión mayoritaria de sus miembros (IFAI e IFETEL).

Sólo quedó a la mano la posibilidad de promover el juicio de amparo. Un primer esfuerzo, loable por cierto, fue impulsado por un grupo de abogados del norte del país, que elaboraron un proyecto que con la ayuda de las nuevas tecnologías podía ser suscrito en lo individual por cualquier persona, en cualquier parte del país. Desconozco cuántos juicios se promovieron y espero que pronto tengamos noticias sobre su viabilidad ante los nuevos tribunales. Si bien es cierto que la finalidad de este amparo se centró en combatir lo dispuesto en dos artículos de la Ley (artículos 189 y algunas fracciones del 190), la defensa de cualquier derecho fundamental, en este caso, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, amerita que apreciemos los esfuerzos colectivos que se desplegaron al respecto.

Uno más, bajo la dirección de la Dra. Clara Luz Álvarez González de Castilla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue promovido y acompañado por otros investigadores de dicho Instituto, además de un pequeño grupo de ciudadanos, incluidos algunos menores de edad.

Se trata de un esfuerzo con mayor visión jurídica, que no se centra sólo en las disposiciones violatorias de la privacidad (189 y 190 fracciones I y II), sino que incluye los artículos 3 fracción XXXVI, XLVII, XVLIII y L, 237 fracción I, 240, 247, 248, 256, 259, 261, 297 a 311 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Resulta muy interesante el argumento de que, por ejemplo, la fracción I del artículo 237, que regula la obligación legal de un “equilibrio” entre programación y publicidad, violenta los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso el Décimo Primero transitorio del Decreto de reformas a la Constitución del 11 de junio de 2013, además de los artículos 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 3, 4, 13 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues se asegura que la disposición que se combate “restringe injustificadamente nuestro derecho a la información, nuestro derecho de acceso a la cultura, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y a que éstos sean de calidad, plurales y brinden los beneficios de la cultura, nuestros derechos de las audiencias y a que exista un equilibro entre la publicidad y la programación, según se demuestra a continuación.”

Sostienen los promotores del juicio de garantías que en su fracción I, el artículo 237 “no establece un parámetro conforme al cual deba medirse el tiempo máximo de transmisión por lo que debiera determinarse por el Poder Judicial de la Federación que debe ser por hora, para que nuestros derechos como audiencias no sean quebrantados, ni tampoco el de nuestros menores hijos”.

Como en el caso señalado, también se encuentran argumentos jurídicos suficientes, bien planteados a mi parecer, para pedir al Poder Judicial de la Federación que revise el alance de lo dispuesto por los artículos 247 y 248 de la ley, que autorizan un aumento porcentual en publicidad cuando los concesionarios cuenten con cierta cantidad porcentual de producción nacional y producción nacional independiente como parte de su barra programática.

Promover un amparo como parte del interés individual, pero con el fin de que se preserven los principios constitucionales no es una tarea sencilla, por ello debe valorarse el esfuerzo de quienes impulsan este ejercicio, que no sólo demanda tiempo y recursos, sino también conocimientos precisos sobre la materia y compromiso social.

En los foros seguirá el análisis de los alcances regulatorios de la ley. En éstos, analistas, académicos, expertos y hasta consultores disfrazados de organizaciones de la sociedad civil, habrán de insistir en sus posturas, motivadas en gran parte por intereses individuales e incluso de naturaleza económica, lo cual si bien genera un interesante debate no tiene por virtud lograr cambios significativos sobre la aplicación de la norma.

La ciencia jurídica no es una ciencia exacta, de tal suerte que resulta indebido, como lo hacen algunos, evidenciar posibles errores de apreciación de aquellos a quienes consideran sus contrarios en ideas y postulados, aunque alguna vez hayan dado la batalla lado a lado.

Por ello es que debemos reconocer el esfuerzo de quienes han promovido el juicio de amparo en contra de lagunas disposiciones de la ley secundaria. Es pasar del dicho al hecho, lo cual, siempre resulta meritorio.

Corresponde ahora al Poder Judicial de la Federación mostrar de que están hechos, como lo dijera un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se ponía en duda la capacidad de nuestro máximo tribunal para actuar con firmeza ante la acción de inconstitucionalidad que se promovió en contra de la llamada Ley Televisa.

Los ciudadanos debemos estar esperanzados de que a pesar de las presiones que desplegarán los consorcios mediáticos para que el Poder Judicial de la Federación desestime los amparos presentados, habrá de privar el interés público en aras de fortalecer nuestro estado de derecho y afianzar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información que constituyeron los ejes rectores de la reforma constitucional.

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