Colaboraciones "Revista Zócalo"

Organismos constitucionales autónomos; fortalezas en duda.

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

 

La evolución del estado mexicano, bajo la premisa de que nos referimos al poder institucionalizado y que su finalidad está centrada en servir a los ciudadanos, ha pasado por importantes etapas de fortalecimiento.

La creación de organismos con autonomía constitucional es un claro ejemplo de este esfuerzo, de ahí que podamos afirmar que la evolución del Banco de México, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la transición hacia una autonomía plena del Instituto Federal de Acceso a la Información y de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como la reciente creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, han apuntalado, al menos formalmente, nuestro marco jurídico en beneficio de una mejor tutela de los derechos fundamentales.

No obstante, la falta de mecanismos efectivos para asegurar su independencia política y desvincular su operación de los intereses de otros órganos del Estado, han motivado la introducción de reglas para la designación de sus titulares o de sus integrantes cuando se trata de cuerpos colegiados, a veces poco ortodoxas, como han sido los últimos casos.

Con la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, la designación de los comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del instituto Federal de Telecomunicaciones, se sujetó a un proceso que intentaba, en principio, anular o al menos disminuir intromisiones indebidas en beneficio de alguno de los contendientes a estos puestos. Es más, por primera ocasión, desde el texto constitucional se exige, como requisito, que los interesados se sometan a una evaluación escrita sobre sus conocimientos en los temas propios de lo que sería su marco de actuación gubernamental, es decir, sobre la esfera de competencias de los organismos creados.

El proceso se desahogó sin contratiempos aunque recibió severas críticas en relación con la idoneidad de algunos de los designados; hasta hoy, se mantiene la sospecha sobre la idoneidad de algunos de los designados, al grado de que en la Suprema Corte de la Nación se ventila la negativa del Banco de México, organismo encargado de administrar el proceso, de hacer públicos los resultados de las evaluaciones técnicas.

Quizá por eso fue que para el proceso de designación de los integrantes del nuevo órgano garante de la transparencia y la defensa de la privacidad, el IFAI, se optó por la celebración de audiencias públicas, que fueron transmitidas por el Canal del Congreso y atestiguadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y personalidades con una alta credibilidad, estudiosos de los procesos de trasparencia gubernamental, quienes incluso estuvieron encargados de elaborar una batería de preguntas que debían contestar los comparecientes. Cada uno elegía de manera aleatoria una pregunta, de entre las que se encontraban depositadas en una urna transparente, para emular la transparencia del proceso.

Lo que parecía ser un proceso dotado con una gran transparencia, se manchó en la parte final cuando no hubo acuerdo entre los presidentes de las comisiones dictaminadoras y se decidió que fueran los coordinadores parlamentarios quienes tomaran la decisión. Si bien es cierto que de los siete comisionados, seis estaban en una lista de veinticinco que propusieron las organizaciones de la sociedad civil, no se dieron a conocer los criterios que utilizaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para la decisión final. Mucho menos se informó la razón por la cual se incorporó a un ex servidor público del Estado de México, que no se encontraba en lista antes mencionada. Lo anterior arrojó, de nueva cuenta, serias dudas sobre la transparencia de la elección.

Los organismos constitucionales autónomos, incluso los de reciente creación, se encuentran inmersos en una grave crisis de credibilidad, en virtud de la omisión que acusa su desinterés por defender derechos fundamentales reconocidos por nuestro orden constitucional.

Por ello no asombra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se haya pronunciado sobre la exigencia de diversas organizaciones sociales para que promoviera Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la supuesta violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la privacidad. La lógica de esta omisión apunta al interés de su titular de buscar un segundo periodo al frente del organismo y aunque goza de plena autonomía, no pasa desapercibido el hecho de que su permanencia pasa por la decisión mayoritaria del Senado de la República.

Por su parte, en el IFAI se percibió, en principio, un interés legítimo por ejercer sus atribuciones. Una vez promulgada la llamada ley convergente, el Instituto emitió un comunicado de prensa en donde se hacía notar que los comisionados evaluarían la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado, sin embargo, deja mucho que desear, particularmente por la calidad técnica de los argumentos que sostuvieron las y los comisionados que votaron en contra de ejercer la prerrogativa que les otorga el nuevo texto constitucional.

Se impuso un criterio jurídico absurdo, desde mi punto de vista, que hace dudar de su calidad intelectual, particularmente de la Presidenta del organismo, pues su postura contrasta con la muy buena capacidad teórica y doctrinal que demostraron durante su comparecencia ante las comisiones dictaminadoras del Senado de la República. En aquel momento, defendieron con pasión y razonamientos técnicos el valor del derecho de acceso a la información, como también la jerarquía del derecho a la privacidad. Algunos se pronunciaron incluso, de manera bastante atinada, sobre los alcances del principio de convencionalidad como mecanismo para asegurar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que consagra nuestro orden constitucional, que fue uno de los temas que de manera recurrente cuestionaba el Presidente de una de las comisiones dictaminadoras, el Senador Pablo Escudero.

Hubo expresiones públicas de reconocimiento a este manejo teórico; a su profundo conocimiento del derecho, se dijo. Pero bien dice el refrán popular, que del dicho al hecho, hay mucho trecho.

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha permanecido silencioso ante la petición, hecha pública, de diversos analistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil para que promueva controversia constitucional, con el propósito de echar abajo diversas disposiciones de la ley secundaria que en apariencia le arrancan facultades establecidas en el texto de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013.

Hasta el momento de escribir estas líneas, existe una total incertidumbre sobre lo que hará el IFETEL. Ojalá que los Comisionados aprendan de sus homólogos del IFAI, de la omisión en que éstos ocurrieron, pues en ambos casos, independientemente de los argumentos de orden jurídico, el sometimiento del caso a nuestro máximo tribunal constituye una sana práctica en el campo del derecho, para que sea el Poder Judicial de la Federación quien, en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas, concluya sobre la verdad legal en estas materias.

Prejuzgar, como lo hizo la Presidenta del IFAI, sobre la incapacidad legal del Instituto para llevar el caso de la inconstitucionalidad de un par de artículos de la ley secundaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo constituye una inadecuada apreciación intelectual, sino que es, principalmente, un grave error político. Además de disminuir la credibilidad social en sus instituciones, la omisión del IFAI debilita los esfuerzos para robustecer nuestra democracia.

Qué decir de nuestros legisladores de los partidos de oposición, enfrascados en este momento en culparse mutuamente de la imposibilidad de ponerse de acuerdo para suscribir la demanda de acción de inconstitucionalidad. Promulgada la ley secundaria y a pesar del número de legisladores que votó en favor del dictamen puesto a consideración del Pleno en ambas Cámaras, la atención se centró en una tarea difícil pero factible: reunir las firmas suficientes para que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o ambas, presentaran la citada Acción legal en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de nuestra Constitución Política.

Ha dicho un miembro de la izquierda que su partido promoverá controversia constitucional a través de los gobiernos estatales y municipales que controlan. Aunque la finalidad es plausible, parecen escasas las posibilidades de que una acción de esa naturaleza sea admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no parece haber vulneración a su esfera de atribuciones. Las disposiciones de la ley secundaria no son concurrentes. No se trata de una ley general.

Queda en manos de las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de diversos actos del órgano regulador, que más allá de que constituyen reglas de carácter general que derivan de una obligación impuesta por la ley secundaria, vulneran los principios constitucionales.

Existe sin embargo una presión insana de diversos actores, que se caracteriza por cierto protagonismo para figurar en la escena mediática, que pondrá en jaque las posibilidades de una colaboración genuina. Ojalá que quienes tienen por costumbre pontificar desde el espacio virtual, la consultoría, el aula, el cubículo e incluso la tribuna, entiendan la sabiduría de colaborar de manera desinteresada.

* Publicado en la revista Zócalo, edición del mes de septiembre de 2014.

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