Colaboraciones "Revista Zócalo"

Pobreza legislativa en radiodifusión; el balance final

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

De manera insistente se ha señalado, desde la óptica de quienes defienden los resultados de la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, que no hay regulación óptima y tienen razón. La perfección normativa, no existe.

Sin embargo, tampoco puede afirmarse que el marco legal aprobado sea en todo adecuado para el fin que se pretendía resolver, pues la pobreza de las regulaciones en materia de radiodifusión nos deja con pocas expectativas para que los ciudadanos podamos asegurar que hoy contamos con mejores fórmulas jurídicas para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que fueron su razón de ser.

Desde una valoración objetiva de los principios constitucionales que conforman su punto de partida, la llamada ley convergente no satisface las pretensiones añejamente deseadas. Parto de la premisa de que un conjunto normativo, para gozar de la necesaria completitud que debe identificarlo, requiere satisfacer las características de un sistema basado en la lógica de sus prescripciones, conforme a teoremas demostrables en virtud de las reglas de origen. No hay, a ese respecto, congruencia de la ley con la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, al menos, en lo que corresponde a la radiodifusión.

Es por ello que la información más profusa sobre los beneficios de la ley secundaria recientemente promulgada por el Ejecutivo federal se ha centrado en uno de los sectores regulados, el de las telecomunicaciones y de entre los servicios que la integran, el énfasis se pone en los beneficios que obtendremos, en el corto y mediano plazo, los usuarios del servicio de telefonía, tanto fija como móvil. Por el contrario, poco se habla sobre los posibles alcances regulatorios de la ley en el sector de la radiodifusión, en parte, por la imposibilidad de analizar de manera objetiva las características que identifican a los contenidos audiovisuales que son el principal insumo de los servicios prestados, pero también, por la necesidad que tienen de omitir su bajo impacto en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Es más sencillo explicar y por tanto que la población comprenda, que la consulta del saldo en telefonía móvil de prepago será gratuita; que habrá bonificación o descuento por fallas en el servicio, o cobros indebidos imputables al concesionario; que el saldo no consumido en el servicio de prepago a la fecha de su expiración, será abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha; que los cobros por larga distancia nacional en los servicios de telefonía fija o móvil dejarán de existir a partir del 1º de enero de 2015 y que la portabilidad numérica deberá atenderse en un plazo no superior a las 24 horas. Lo anterior tiene un fuerte impacto en términos de opinión pública.

También se difunden otros aspectos, aunque con menos intensidad noticiosa porque su regulación está asociada a tecnologías de la comunicación que no todos tenemos la capacidad de comprender, como es el caso de la obligación de los operadores de ofrecer los servicio de acceso a internet bajo los principios de neutralidad de la red, así como los supuestos conforme a los cuales habrán de conservarse los datos de las comunicaciones por parte de los operadores y la obligación que tienen de colaborar con la justicia, aunque no se incluyó una salvaguarda ampliamente demandada, consistente en la autorización judicial en la entrega de información a las autoridades de procuración de justicia y de seguridad nacional.

A diferencia de los temas sensibles para los bolsillos de la población como los primeramente señalados, no resulta sencillo explicar la ausencia regulatoria para mejorar la calidad de las transmisiones de la televisión abierta, pues se trata de temas que los consorcios mediáticos y sus aliados en el Congreso federal le regatearon a la población; imposible explicar que la debilidad regulatoria se debe al interés de mantener la actual concentración mediática que limita la expresión plural y diversa de las formas de apreciar nuestro entorno, lo que constituye una violación a la libertad de expresión como ha sostenido de manera reiterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se insiste en afirmar que pronto habrá dos nuevas cadenas públicas de televisión comercial y una más, de naturaleza pública, cuando la única certeza que se tiene al respecto es que sus transmisiones estarán disponibles en el mediano plazo. Tampoco hay seguridad de que con ello, mejorarán los contenidos.

En los servicios de radiodifusión, a diferencia de lo que ocurre en las telecomunicaciones, un mayor número de operadores no significa que en automático mejorarán los contenidos. Por ello era indispensable establecer un marco normativo idóneo para mejorar las transmisiones en beneficio de las audiencias, en particular cuando los contenidos audiovisuales se asocian a principios constitucionales como los que se encuentran insertos en el artículo tercero de nuestra Carta Fundamental.

Las cámaras legislativas renunciaron a esta posibilidad y paradójicamente, son las audiencias las que menos se expresan sobre esta insuficiencia regulatoria. Lo anterior se entiende en función de una inercia desarrollada a través de décadas de transmisiones cualitativamente pobres, que se hacen llegar de manera gratuita a la mayoría de la población a través de la televisión abierta, en donde la lógica del rating es lo que determina su permanencia en la pantalla chica, imposibilitando la participación de los televidentes para decidir sobre contenidos diversos y plurales; no hay opciones audiovisuales distintas a las que ofrecen los actuales consorcios en términos de sus intereses comerciales.

Aunque se perdió la posibilidad de formular un apartado específico en la ley que detonara una mayor participación de los medios públicos y de uso social en beneficio de las audiencias, la inercia de la televisión comercial es avasalladora. Desde la perspectiva de los legisladores, era innecesario ampliar la oferta audiovisual, lo que resulta lógico si por años los consorcios mediáticos han mantenido a la mayoría de la población atenta a transmisiones de baja calidad, ajena a los contenidos de la televisión de paga, pues más allá de la defensa que se hace de sus “bajos costos” comparativamente con otros países de la región, sigue siendo poco accesible para el sector menos favorecido económicamente.

Sólo así se explican los pendientes regulatorios. Apenas se discutía en la Cámara de Diputados la Minuta enviada por los senadores, cuando en los noticieros de Televisa y de TV Azteca se promocionaban los beneficios en el mercado de las telecomunicaciones, pero se omitía, por ejemplo, mencionar que la llamada ley convergente no estableció regulación alguna sobre el derecho de réplica, tan necesario para asegurar un derecho básico de las audiencias, a pesar de que la reforma constitucional es enfática en la necesidad de su regulación.

Otro ejemplo desafortunado en materia de radiodifusión es el que se establece en el artículo Trigésimo Sexto transitorio, por virtud del cual se ordena al órgano regulador realizar los estudios correspondientes “para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación”.

Lo anterior habla de la idea que prevalece en quienes aprobaron la ley, de que este sector de la población “probablemente” no requiera de transmisiones acordes con los principios que por lo menos en la vieja Ley Federal de Radio y Televisión, se anunciaban bajo el concepto de “función social”, concepto que desapareció de la nueva regulación. Se menciona en dos ocasiones en el texto de la ley, pero no se especifican sus alcances ni su contenido normativo.

Sobre el desarrollo de los medios públicos se generaron importantes expectativas. El artículo Décimo transitorio de la reforma constitucional enlistó las características que debían identificar su operación: independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. El 86 de la ley secundaria trasladó la responsabilidad de cumplir con estos puntos a los propios concesionarios, al señalar que los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso público para prestar el servicio de radiodifusión, deberán precisar, en su solicitud “los mecanismos para asegurar” los puntos aludidos en el texto transitorio del decreto del 11 de junio de 2013.

Mientras que por otra parte, estableció la obligación del órgano regulador de verificar “que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos objetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes”. Esta hipótesis, sin embargo, es para aquellos supuestos de solicitudes de nuevas concesiones de uso público. El régimen transitorio de la ley secundaria es muy escueto en relación a los términos en que deben operar los medios públicos que ya cuentan con un permiso y que deben transitar a la figura de concesionarios.

Nos han vendido la falsa idea de que los beneficios de la regulación secundaria se encuentran en las disposiciones relativas a la telefonía y parece notorio que el resultado está funcionando, pues la mayor parte de la población es sensible a ese efecto de la difusión masiva, ya que nadie puede menospreciar un impacto favorable en nuestro bolsillo, aunque se deje de lado la posibilidad de ejercitar plenamente los derechos fundamentales que he citado de manera insistente.

Al parecer, se apostó por introducir deliberadamente una diferencia regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, no sólo por el riesgo de romper el control mediático que padecemos hace décadas, sino por la necesidad de mantener la insana relación que el poder político ha tenido con la radiodifusión, en especial con la televisión abierta. Se perdió así, una oportunidad histórica.

* Publicado en la revista Zócalo, edición del mes de agosto de 2014.

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