Colaboraciones "Revista Zócalo"

Oscuridad de las negociaciones; el nombre del juego en telecomunicaciones*

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

A un año de haberse promulgado la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica y con un poco más de seis meses de retraso en la legislación secundaria, la fanfarronería de un funcionario federal confirma la perversidad del juego entre miembros de algunos partidos políticos y el Ejecutivo Federal; actores que sin miramientos ni rubor alguno negocian los contenidos de la ley, al margen de un proceso que formalmente debiera desarrollarse dentro de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República.

Después del fallido intento del Senador Lozano por imponer un proyecto de dictamen que no sólo daba por bueno el contenido de la iniciativa presidencial, sino que además desconocía el resto de las iniciativas turnadas a las comisiones dictaminadoras, la discusión se pospuso a junio con el ánimo, a decir de algunos de los senadores miembros de las comisiones dictaminadoras, de analizar con mayor detenimiento las diversas iniciativas en la materia. Es más, el coordinador de los senadores del PRD señaló en la reunión en la que se echó abajo el documento de Lozano, que su partido político tenía una propuesta alterna.

Pero en política nada es como parece; pronto se supo que algunos legisladores del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República negociaban el contenido de la ley con el Gobierno federal. Lo anunció mediante boletín de prensa a principios de junio el Senador Barbosa coordinador de los senadores de ese partido; se atrevió a anunciar, casi asegurando, que se abriría un periodo extraordinario del 11 al 13 de ese mes para que las comisiones dictaminadoras tuvieran listo un dictamen para llevar al Pleno de Senado.

Días después, el 4 de junio, en ausencia de Alejandra Barrales, Presidenta de una de las tres comisiones encargadas de dictaminar las iniciativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero con la presencia de Zoé Robledo, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Manuel Camacho y Ríos Piter, dio una conferencia de prensa en la sede del Senado en donde señaló, entre otras cosas, que su grupo parlamentario estaba negociando “el tema de telecomunicaciones” con el gobierno federal. Quiso recordar cómo su partido “impidió” que se impusiera el proyecto del Senador Lozano, que había sido construido, dijo, de manera unilateral. Habló de la “firmeza y la contundencia del grupo parlamentario del PRD” para impedir que “se impusiera un proyecto de dictamen; un documento que contenía un acuerdo entre el Gobierno, el PRI y el PAN”.

Como se sabe, en política nada es casual, de tal forma que la ausencia de Barrales daba señales de algún desacuerdo, al menos en las formas, del procedimiento a que se refería el coordinador de los senadores del PRD. Bajo el alegato de que nunca se ocultaron estos acercamientos con el Gobierno federal, declaró que se formó “un grupo de negociación”, aunque fue enfático en que no se trataba de la “negociación del Coordinador” ni tampoco de la “negociación de puntos de los senadores y senadoras”, sino de la “negociación de puntos”. Suena a una forma eufemística de afirmar lo obvio: que algunos senadores del PRD, con la anuencia de su coordinador, estaban negociando algunos puntos de la ley en telecomunicaciones con el gobierno federal.

Llamó la atención su dicho de que asumieron “los planteamientos que hicieron organizaciones civiles, como la AMEDI”. Nos basamos, dijo “en los ingredientes legislativos que estaban presentes ya en la Cámara [como] la iniciativa que firmaron senadores y senadoras del PRD y de otros grupos parlamentarios que fue construida por la AMEDI”. Se refirió al resto de las iniciativas, incluida la presentada por el Ejecutivo federal y afirmó que todos esos ingredientes legislativos “fueron materia de nuestro debate con el gobierno y con legisladores del PRI”.

Barbosa pudo calificar de mejor manera esos acercamientos con el gobierno federal, pues no obstante que empezó señalando que eran “negociaciones”, concluyó afirmando que no cambiarían unas cosas por otras (no obstante que esa es la esencia de cualquier negociación) y acusó que “quienes canjean cosas son otros”. Cuando “se sientan ellos no solamente acuerdan, sino negocian; no negocian, pueden hacer hasta negocios”. Supongo que se refería al PAN. La negociación del PRD, a decir de su Coordinador, tuvo por finalidad “desmontar el acuerdo que había entre el gobierno, el PRI y el PAN”. Surgió el nombre de Zoé Robledo como la cabeza de esa “negociación”, a quien le correspondió enlistar los avances y pendientes.

Sobre los así llamados “avances”, el Senador Robledo enlistó los siguientes: 1. Reglas de competencia apegadas a la Constitución, entre otros, regresar letra por letra a la definición de preponderancia de la Constitución; 2. Fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para reivindicar las facultades del Instituto en términos de la Constitución; 3. Ampliación de los derechos de las audiencias, en relación con los códigos de ética de los concesionarios y los defensores de las audiencias; 4. Ampliar nuevos derechos de los usuarios de telecomunicaciones; 5. Accesibilidad para personas con discapacidad, tanto para audiencias como para usuarios de telecomunicaciones; 6. Concesiones de uso social e indígena, mediante reglas específicas; 7. Colaboración con la justicia, para excluir aspectos que vulneran derechos de la ciudadanía; 8. Neutralidad de la red, para eliminar la censura previa; 9. Sistema Público de Radiodifusión, para transformarlo en un ente del Estado, ajeno al gobierno y 10. Producción nacional independiente, garantizar sus características.

¿Qué esperar de estas negociaciones? En principio, nadie puede estar en desacuerdo en los planteamientos del PRD, dada la generalidad de sus afirmaciones, pero se requiere que tal como se indicó en la conferencia de prensa, la negociación y sus resultados sean transparentes, para no permitir acuerdos en “lo oscurito”. Al respecto, he afirmado que de parte de la AMEDI sólo podríamos avalar el resultado de estas negociaciones cuando se conozcan los detalles; los puntos y comas de cada uno de los artículos sujetos a revisión.

Al momento de cerrar estas líneas y casi al término del mes de junio, poco se ha sabido del contenido puntual de esas negociaciones, como tampoco se sabe de los acercamientos que también está llevando a cabo el gobierno con el PAN, cuyo Presidente ha sido más reservado sobre la postura de su partido. Ha sido de nueva cuenta el Senador Lozano quien “ilustra” a la opinión pública sobre los puntos de desacuerdo con sus compañeros de partido, sin aludir al sentido de lo aprobado.

Por ello sorprende la afirmación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien en la inauguración de la trigésima quinta Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el 19 de junio, en el sentido de que la ley secundaria está prácticamente “en un 99% en un ámbito de aceptación y que tiene algunos puntos que estamos en espera de que se logre el acuerdo para tener ese marco regulatorio de este mercado”. ¿Un acuerdo con quién? ¿Con el PRD? ¿Con el PAN? ¿Con ambos? ¿Cuál es el contenido regulatorio de ese 1% que aún no está acordado? ¿El porcentaje fue medido sólo en términos cuantitativos, según el articulado de la iniciativa presidencial? ¿Se tomó en cuenta el resto de las iniciativas?

Son más las interrogantes que surgen de una afirmación tan atrevida, tomando en cuenta que le corresponde al Poder Legislativo, particularmente a las comisiones dictaminadoras, llegar a acuerdos sobre el contenido regulatorio de cualquier marco normativo, como en este caso es la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión.

En la citada Convención, Víctor Gutiérrez, presidente de la Cámara, reprobó el retraso en la aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión, asegurando que debido a la falta de certidumbre jurídica las inversiones en el sector se ahuyentan, lo que motivó que Ruiz Esparza afirmara que en el Gobierno están “ansiosos” de que el Congreso de la Unión apruebe la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión.

No sólo es impertinente sino irresponsable hacer notar la omisión del Legislativo, cuando en el origen de este retraso se encuentra el desinterés o incapacidad, por decir lo menos, de presentar en tiempo la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Federal. Al promulgarse la reforma constitucional, el 11 de junio de 2013, se estableció con precisión la fecha fatal impuesta al Poder Legislativo para tener una ley secundaria. El plazo fenecía el 9 de diciembre de ese mismo año y para estar en posibilidades de tomar en cuenta el proyecto del Ejecutivo federal, era necesario que el Presidente de la República enviara la iniciativa con la oportunidad debida. Ésta llegó al Senado de la República el 24 de marzo, con más de 100 días de retraso.

Y no es que las cámaras legislativas no tengan parte de la responsabilidad en esta ausencia normativa, pues desde octubre fue entregado el proyecto ciudadano, construido desde la AMEDI con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que una vez suscrito por 18 Senadores de la República y por 28 diputados de oposición, se convirtió en ambas cámaras en iniciativa de Ley. Desde entonces había materia para iniciar la discusión, pero hay una costumbre insana de no empezar la discusión de un tema regulatorio si el Presidente de la República no ha enviado su iniciativa.

Las consecuencias no sólo las vive la industria, en donde los consorcios mediáticos y sus paleros se quejan amargamente de la falta de un marco regulatorio que inhibe y desincentiva las inversiones, sino también los usuarios y las audiencias, que nos vemos impedidos de los beneficios de la reforma constitucional, que centró el eje de la transformación normativa en la posibilidad de ejercitar plenamente los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Esperemos que pronto tengamos ley secundaria y que las cámaras legislativas no renuncien a su obligación constitucional de velar por el interés público; de otra manera, habrá que poner nuestras esperanzas en el Poder Judicial de la Federación, en espera de que quienes tienen atribuciones para promover controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, no cedan a los intereses de los poderes fácticos.

* Publicado en la revista Zócalo, edición del mes de julio de 2014.

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