Colaboraciones "Revista Zócalo"

En vísperas de la ley secundaria, en juego autonomía y prestigio del Ifetel

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Los pasados días 22 y 23 de mayo, la universidad Autónoma de San Luis Potosí fue la sede del XXVI Encuentro Nacional de la Asociación Nacional de Investigadores de la Comunicación, A. C. (AMIC), que tuvo como tema central de sus reflexiones “La investigación de la comunicación en México ante la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica”.

En el panel en el que intervine, se hizo el recuento del turbio y desordenado proceso por el cual, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Javier Lozano, intentó que en las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal, se aprobara un proyecto contrario a los principios que animaron la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica del 11 de junio de 2013. Un proceso que afortunadamente fracasó, por la resistencia de varios legisladores que dieron cuenta de la burla que promovía Lozano.

Como se sabe, Lozano señaló que el documento propuesto al resto de los miembros de las comisiones dictaminadoras contenía 192 “cambios” a la iniciativa presidencial y que para su elaboración se consideraron todos los proyectos pendientes de dictaminar, entre ellos la iniciativa ciudadana avalada por 18 senadores. Lo cierto es que salvo excepciones, la mayoría de los cambios que introdujo son un parafraseo distinto de lo mismo, mientras que no se observa que haya tomado en cuenta la propuesta ciudadana que la AMEDI entregó en octubre de 2013 con el apoyo de otras organizaciones sociales.

Exhibida la tramposa intentona, en comisiones se rechazó su proyecto, fue regañado por sus correligionarios y la discusión se pospuso hasta el mes de junio, para abordarse en una sesión extraordinaria.

A pesar de haberse aplazado, la discusión no está exenta de riesgos y el reto en el Senado de la República es lograr que la ley secundaria retome los principios aprobados constitucionalmente, es decir que no se disminuya su alcance regulatorio y que por otra parte no se omita ninguno de los supuestos normativos a que se refieren los artículos transitorios del Decreto del 11 de junio de 2013, pues dada su naturaleza de transitoriedad, es posible darles un enfoque distinto, que tendría que ser denunciado en última instancia en el Poder Judicial de la Federación, a través de una acción de inconstitucionalidad.

Aplazar más la regulación secundaria mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando son claras las inconsistencias de la propuesta del Ejecutivo Federal, tendría un impacto negativo en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, pues el estado de las cosas se mantendría en esos sectores, como es el caso de la concentración en radiodifusión, que como se sabe, afecta de manera indirecta derechos fundamentales, además de que podría en riesgo los procesos en marcha, como la licitación de las nuevas cadenas de televisión abierta y el tránsito hacia la autorización de servicios adicionales o convergentes, dada la ausencia de un marco regulatorio definido.

Ante un escenario como el descrito, sería recomendable que el órgano regulador asumiera el reto de tomar en serio la fortaleza constitucional que la reforma le otorgó al dotarlo de autonomía, de tal suerte que en las discusiones en las comisiones dictaminadoras se hiciera sentir su presencia y se escucharan las voces de sus comisionados.

En el marco del XXVI Encuentro Nacional de la AMIC, dije que más que escuchar qué es el IFETEL, por los términos muy puntuales y acertados en que hizo su presentación el Titular de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, tendríamos interés en saber qué opina el órgano regulador sobre la iniciativa de reforma legal del Ejecutivo Federal.

Es un error, dije, el señalamiento contenido en la Opinión que el IFETEL envió a las comisiones dictaminadoras del Senado de la República el 4 de abril del año en curso, en cuanto a que no pueden “considerar pronunciamientos específicos”, por el riesgo de que “a la postre, podrían ser utilizados para recusar a los integrantes del Pleno en asuntos relacionados”, y he calificado que dicha afirmación es una falacia, que no sólo es indicativa de un temor infundado, sino que denota una tibieza en el actuar institucional que es necesario despejar, pues de otra manera el regulador, en quien se puso una enorme confianza para regular los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión, puede caer en el descrédito.

La investigadora Fátima Fernández, primera en presidir la AMIC, enfatizó la insana costumbre de los servidores públicos de evadir el debate público en nuestro país, por lo que instó al representante del IFETEL, presente en ese momento, a responder los cuestionamientos planteados por los asistentes y por supuesto, por su servidor. El tiempo del panel, sin embargo, estaba por terminarse y hubiera sido un diálogo inacabado, por lo cual a nombre de la AMEDI solicité a Alejandro Sandoval que hiciera saber a los miembros del Pleno del Instituto nuestro interés como Asociación para discutir pública y abiertamente los grandes temas de la reforma legal, en un ambiente de respeto y de reflexión académica.

Ante los hechos, diversas instituciones de educación superior ya nos han hecho saber su interés para auspiciar y contribuir a la organización del evento. Falta que los Comisionados resuelvan.

Ojalá este exhorto público favorezca el diálogo con los comisionados, para que en un espacio universitario se discutan abiertamente los temas más relevantes que debe contener la ley secundaria, sin temor a la recusación, argumento utilizado en su comunicado al Senado de la República.

Los comisionados fueron seleccionados mediante un proceso poco ortodoxo, que según las instituciones encargadas de administrar el proceso, favoreció la selección de los mejor calificados, de lo cual se puede sostener que en el IFETEL se encuentran los expertos y que su saber puede ser orientador para lograr una ley secundaria novedosa, en la que se recojan los mejores estándares internacionales en materia regulatoria que logren superar las inercias del pasado y renueven la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Durante el panel realizad a instancias de la AMIC, allá en San Luis Potosí, Senador Javier Corral también aludió al tema de la comparecencia de los comisionados. Lamentó su ausencia en los foros convocados sobre la legislación secundaria, así como el haber elegido el envío de una opinión por escrito. También señaló lo inadecuado de que en el Pleno del Senado la mayoría parlamentaria haya impedido la presencia de los comisionados, ante el exhorto que él realizó para que fueran convocados y sostuvo la necesidad de que en el periodo extraordinario haya mejor disposición.

Si la discusión pública no pudiera perfeccionarse, sería deseable que los Comisionados acudan personalmente a dialogar con los miembros de las comisiones dictaminadoras las diversas posturas que seguramente tienen sobre los planteamientos de la iniciativa presidencial y el resto de las propuestas, entre ellas, la de la AMEDI. Si tampoco esto fuera posible, ojalá que al menos, sostuve en la reunión de la AMIC, que amplíen la opinión que enviaron el 4 de abril pasado y propongan hipótesis específicas sin temor alguno, para recuperar la credibilidad que día a día pierde el regulador.

Se necesita un pronunciamiento específico del IFETEL sobre los medios públicos; sobre el desarrollo de los medios de uso social; en relación con las características de los límites que deben imponerse a la concentración de frecuencias y sobre la propiedad cruzada; que aborden el alcance regulatorio de la desinversión y saber si están de acuerdo en que se constituya sólo como una sanción, producto de una conducta monopólica reiterada, como lo plantea el Ejecutivo; que deliberen sobre las facultades que desde nuestra perspectiva se les quieren arrancar para dárselas a la Secretaría de Gobernación y asimismo, que nos digan que elementos deben considerarse para promover la competencia y si la figura de la preponderancia debe ser un complemento de las regulaciones sobre dominancia en el mercado.

En fin, son tantos los temas en los que los senadores de la República no son expertos, que requieren del juicio de los expertos, de quienes desde el órgano regulador están obligados a impulsar políticas públicas que traigan beneficios no sólo a los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones, sino de manera preferente a los ciudadanos.

Vivimos momentos de incertidumbre jurídica y por ello es necesario que los que saben, por conformar el Pleno del órgano regulador, expresen abiertamente su interés por el fortalecimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Para bien de la Nación y de su resquebrajada democracia.

Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: