Telecomunicaciones y Radiodifusión

La movilización social como recurso de presión política

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica constituye un importante avance para fortalecer los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Así lo sostuvimos en un principio y así lo seguimos pensando.

¿Pensamos lo mismo de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República?, obviamente no, aunque el Senador Omar Fayad sostenga que se trata de una gran iniciativa, y diga que hay un antes y un después.

Hay un antes y un después de la reforma constitucional, de eso no cabe duda. Tuvieron que pasar más de tres décadas para legislar en materia del derecho a la información, después de que el 6 de diciembre de 1977 se introdujera en nuestra Constitución la frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Por eso hay un antes y después, ya que la reforma constitucional abona al fortalecimiento de al menos un par de derechos fundamentales: libertad de expresión y derecho a la información, que deben ser, como lo ha dicho la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C. (AMEDI), el núcleo de la legislación secundaria.

Durante el foro convocado por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores, el Senador Cavazos Lerma del PRI construía su discurso a través de silogismos que pretendían subordinar el contenido sustancial de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, al concepto de competencia. Esta reforma, decía, refiriéndose a la reforma constitucional, es una reforma en materia de competencia, pues sin competencia no habrá mejores contenidos y tampoco podrán mejorarse las telecomunicaciones.

Se trata de una reflexión tramposa, que intenta desconocer el sentido y el valor de los derechos fundamentales en cualquier reforma, tanto constitucional como legal.

Convocado a ese foro, sostuve que más competidores en estos mercados no significa un cambio significativo en la calidad de los contenidos de radiodifusión. Afirmé que la pluralidad y diversidad de las transmisiones no se genera en automático por la entrada de otros competidores, como tampoco puede haber un beneficio directo en el servicio de telecomunicaciones con una regulación en materia de competencia económica que pone énfasis en las asimetrías de los mercados.

Hice notar que el 21 de octubre de 2013, el Comité Directivo de la AMEDI y un nutrido grupo de nuestro Consejo Consultivo fuimos recibidos en la Sala de sesiones de la junta de Coordinación Política, por algunos legisladores de diverso signo político, que no sólo recibieron la propuesta regulatoria que en conjunto con diversas organizaciones elaboró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, sino que también la suscribieron en ese momento. La firma de 18 Senadores de la República implica que comparten la visión de la sociedad civil al hacer suyos los contenidos regulatorios ahí planteados. Al firmarla, el proyecto ciudadano se convirtió formalmente en iniciativa de Ley.

Días antes del inicio del foro, a propuesta de los presidentes de las comisiones dictaminadoras (Javier Lozano de Comunicaciones y Transportes; Alejandra Barrales de Radio, Televisión y Cinematografía y Graciela Ortiz de Estudios Legislativos) aprobaron un calendario de trabajo con la finalidad de contar con un dictamen antes de que concluyera el primer periodo de sesiones, es decir el 30 de abril. Una tarea sumamente apresurada que sólo permite intuir la posibilidad del mayoriteo, para concluir con un dictamen en el que no se razonen debidamente los argumentos; anteponer lo cuantitativo a lo cualitativo.

Han sido muchas las voces que se refieren a las inconsistencias del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, entre las que se encuentran las siguientes: Se pretende un regulador débil, supeditado a los intereses del Ejecutivo Federal; desfigura el principio de neutralidad de la red; deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos de estado; ignora los derechos de las audiencias; ignora la importancia de los medios públicos y de uso social; diluye la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada; promueve una regulación de preponderancia contraria al texto constitucional y se aplaza ilegalmente hasta 2017 el apagón analógico.

Disentir de los puntos de vista de otros es parte de la pluralidad democrática y es por eso que sabiendo que algunos legisladores no comparten el proyecto de las organizaciones de la sociedad civil, es necesario que en el proceso de dictamen existan argumentos razonables y no sólo descalificaciones, de tal suerte que quienes disienten, dado su carácter de representantes de la sociedad, se pronuncien públicamente sobre los motivos por los cuales habrán de tomar o no en cuenta las hipótesis legales contenidas en la iniciativa ciudadana.

Ante la posibilidad de que la ley secundaria se procese en fast track en el Senado de la República, fue necesario que algunas personalidades de la política, la cultura y de la propia sociedad civil, constituyeran un frente amplio en defensa de los derechos ciudadanos.

Se trata de un esfuerzo ético que entiende que al emprender la defensa de derechos fundamentales no sólo nos reconocemos como personas sino que comprendemos la finalidad que nos une por una mejor forma de vida.

El Frente por la Comunicación Democrática, encuentra sustento en una premisa incontrovertible: que el derecho a la comunicación pertenece a las personas y a las comunidades y es un bien público fundamental para lograr una democracia real y hace un llamado a la sociedad civil “para articularnos en la diversidad y luchar de manera organizada” en la defensa de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

El Frente por la Comunicación Democrática, centra sus demandas en los siguientes diez puntos:

  1. Respeto absoluto a lo mandatado en la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión y su desarrollo en la legislación secundaria, en estricto apego a los principios pro persona y de progresividad contenidos en el artículo 1º constitucional;
  2. Fortalecimiento de las libertades de expresión y de información;
  3. Competencia real tanto en telecomunicaciones como en la radio y la televisión, así como disposiciones para eliminar las prácticas monopólicas, discriminatorias y fenómenos de concentración contrarios al interés público;
  4. Eliminación del control gubernamental en el manejo de la información en medios de comunicación electrónica y la vigilancia de la transmisión de contenidos;
  5. Respeto a la autonomía del órgano garante de las telecomunicaciones y la radiodifusión;
  6. Desarrollo de lineamientos que impulsen la pluralidad y diversidad de medios, fortaleciendo a los de uso público, social, comunitarios e indígenas, en los que se encuentra el verdadero equilibrio y contrapeso al modelo mercantilista de la radiodifusión;
  7. Garantías de subsistencia digna y no criminalización para medios comunitarios, indígenas, libres y sociales;
  8. Acceso universal a las tecnologías de la información, incluyendo la neutralidad de la red, así como garantías de privacidad y resguardo de datos personales;
  9. Reconocimiento de personas con derechos específicos en relación con la comunicación como personas con discapacidad, mujeres, niñas y niños.

Aun cuando desde las cámaras legislativas, particularmente en el Senado de la República que es a quien toca jugar el papel de cámara de origen, se descalifica a los promotores de este Frente, estamos seguros de que la racionalidad de sus propuestas habrá de prevalecer.

Muchas han sido las voces que se han alzado en contra de la iniciativa del Ejecutivo Federal, incluyendo la de la Organización para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tantas voces no pueden estar equivocadas y estoy seguro que habrán de tomarse en cuenta para alcanzar una legislación secundaria que resguarde los intereses ciudadanos, por más que los consorcios mediáticos tengan una enorme influencia en las decisiones políticas de un buen número de legisladores.

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