Telecomunicaciones y Radiodifusión

En telecomunicaciones, transparencia sólo en el discurso

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Mientras que el semanario inglés The Economist se mantiene optimista sobre los efectos que tendrá la muy probable declaratoria de preponderancia de América Móvil y Televisa por parte del IFETEL, en México, El Financiero da a conocer un proyecto de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión que se atribuye al Ejecutivo Federal, la cual circula de manera restringida entre los concesionarios comerciales.

En efecto, hace unas tres semanas se supo que el Ejecutivo Federal había entregado a los concesionarios comerciales una copia del proyecto para que opinaran. Se excluyó de esa entrega a los medios públicos y de uso social. Mucho menos se invitó a la sociedad civil, como si sólo los medios comerciales tuvieran el derecho de conocer y opinar sobre los alcances del proyecto.

Siendo así las cosas, cómo creer en el discurso del Presidente de la República sobre su compromiso con la transparencia si en lo que se refiere a la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión no se sabe con precisión en qué oficina gubernamental fue elaborado el proyecto dado a conocer por El Financiero y tampoco se informan los motivos por los cuales se había mantenido en reserva.

Desde al menos dos meses antes del 9 de diciembre de 2013, fecha límite para que el Congreso de la Unión aprobara una ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en voz del Subsecretario del Ramo, señaló que el proyecto del Poder Ejecutivo estaba prácticamente listo, sin embargo, se cumplió la fecha y la iniciativa de ley nunca llegó al Congreso.

A principios de este 2014 el Titular de la SCT volvió a decir que el proyecto estaba concluido pero que no era la dependencia a su cargo la responsable de establecer los plazos para enviar la iniciativa al Congreso. Con cada retraso, crecía la especulación sobre la influencia de los concesionarios en la elaboración del proyecto.

La forma en que se difundió el proyecto, a través de un medio impreso, es una mala señal por parte del Ejecutivo Federal y refleja el desinterés por transparentar un proceso que compete a todos los sectores sociales y no sólo a los concesionarios, pues los servicios públicos involucrados (radio y televisión abierta y de paga, telefonía fija y móvil, así como acceso a internet), tienen un impacto generalizado en la población.

Cuando se dijo que el proyecto había sido circulado entre los concesionarios, varios medios impresos dieron a conocer algunos puntos del proyecto, sin embargo, no podía saberse si se trataba en efecto de la propuesta elaborada por el Ejecutivo Federal pues además de que desde el ámbito gubernamental se mantuvo un absoluto silencio, en apariencia nadie conocía el documento. Se decía que las copias que se repartieron contenían un “sello de agua” con el nombre comercial del concesionario al que se había entregado, con una leyenda sobre su confidencialidad.

Ahora que el texto se ha hecho público se confirma la coincidencia de su contenido con las notas que los medios impresos dieron a conocer, por lo que adquiere veracidad la presunción de que no fue divulgado para no “balconear” a quien lo haya “filtrado” a los columnistas que dieron a conocer algunos puntos importantes del proyecto.

Una vez analizado el documento que circula en los medios, es preocupante la forma en que se intenta disminuir los alcances de varios de los puntos contenidos en la reforma constitucional. Es totalmente omiso, por ejemplo, en precisar los derechos de las audiencias, mientras que en lo que se refiere a los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, reitera lo obvio. No hay ninguna ganancia regulatoria que beneficie a sus supuestos destinatarios.

También mantiene injustificadamente las facultades de la Secretaría de Gobernación para supervisar los contenidos audiovisuales, cuando el texto constitucional es claro en el sentido de que al IFETEL le corresponde “supervisar” el mercado de la radiodifusión, cuyo contenido sustantivo son precisamente los contenidos. Con esta medida se pretende hacer perdurar la insana relación entre el Ejecutivo Federal y los concesionarios de televisión abierta.

Es inquietante por otra parte, que en materia de competencia económica no precise los límites en frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada a que se sujetarán los operadores de radiodifusión y de telecomunicaciones. Mucho menos se pronuncia sobre las hipótesis legales para que el IFETEL pueda ordenar que dichos concesionarios “desinviertan” con la finalidad de hacer cumplir, como dice el texto constitucional, los límites en la concentración existente en esos mercados.

La operación de la Contraloría Interna, que se introdujo en la Constitución para imponer un esquema de fiscalización sobre la operación del órgano regulador, se plantea en términos de una autoridad sumamente debilitada, pues se le imponen funciones de orientación, asesoría y capacitación para los servidores públicos del IFETEL, en lugar de fortalecer sus funciones de carácter disciplinario.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el desapego del proyecto a los principios constitucionales en materia de concesiones, pues se advierte un total desequilibrio entre los usos público y social con las características que se atribuyen al uso comercial.

En primer lugar, se pretende que las concesiones para espectro radioeléctrico y recursos orbitales de tipo comercial se otorguen por veinte años, mientras que para uso social y público, sólo podrían autorizarse por diez años.

De igual forma resulta ventajoso para los concesionarios comerciales la prohibición para los otros usos (público y social) para compartir espectro radioeléctrico con terceros, lo que a contrario sensu significa que los comerciales si podrán hacerlo, lo que genera un total desequilibrio entre los usos del espectro autorizados por la Constitución.

El mismo desequilibrio se observa con la exigencia para que los interesados en obtener una concesión de uso público y social acrediten, entre otras cosas, su capacidad “técnica, económica, jurídica y administrativa […] así como la fuente de sus recursos financieros”, con lo cual se condena de nueva cuenta a este tipo de operadores, particularmente a los de uso social, a sufrir el calvario de la tramitación sin fin, pues como en el pasado, la prescripción normativa impedirá que las comunidades, tanto urbanas como rurales e indígenas, demuestren ante la autoridad que tienen capacidad económica para financiar el proyecto.

En cuanto a la figura del “título único”, la propuesta plantea que se otorguen hasta por treinta años y que se prorroguen por un plazo igual, sin establecer límites temporales, de tal suerte que podrán obtenerse ad infinitum. Por otra parte, contario a lo que debe ser una regulación que genere certeza a los solicitantes, se introduce un sistema discrecional para que el órgano regulador evalúe los requisitos exigidos por la ley y, por si fuera poco, se perfecciona la figura de la positiva ficta ante el silencio del IFETEL, lo que resulta totalmente desafortunado pues genera un alto riesgo de arbitrariedad en el otorgamiento de este tipo de concesiones.

Al respecto, es altamente preocupante que los legisladores no estén reaccionando de manera adecuada a esta situación, manteniéndose pacientemente a la espera de que el Ejecutivo Federal les haga llegar formalmente la iniciativa, cuando en ambas Cámaras del Congreso de la Unión las comisiones dictaminadoras tienen en sus manos el proyecto ciudadano entregado por la AMEDI.

Mala señal para la transparencia y la rendición de cuentas, en un tema de la mayor trascendencia no sólo para los mercados sino también para los ciudadanos.

La declaratoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, centró la atención regulatoria en la promoción de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. No hubiera sido lógico sujetar estos mercados a un régimen exorbitante de derecho público si la regulación no tuviera como finalidad generar un impacto social favorable para las audiencias de la radio y la televisión, así como para los usuarios de telefonía y acceso a internet.

Si el proyecto que dio a conocer El Financiero constituye en efecto la propuesta del Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión no corrigen su contenido para ajustarlo a los principios de la reforma constitucional, el alcance regulatorio de la reforma a nuestra Carta Fundamental del 11 de junio de 2013 puede quedar en sólo buenas intenciones.

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