Telecomunicaciones y Radiodifusión

Consorcios mediáticos: avaricia y poder

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo de la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

En febrero de 2004, José Saramago  dictó una conferencia en el Campus Morelia del Tecnológico de Monterrey bajo el título de “El nombre y la cosa”, en las que reflexionaba sobre la democracia y los retos que ésta implica.

Decía Saramago, retomando a Aristóteles, que “los ricos, aunque participen con toda la legitimidad democrática en el gobierno de la polis, siempre estarían en minoría por la fuerza de una imperativa e incontestable proporcionalidad”. Se refería al modelo ancestral en el que las decisiones sobre la res pública se tomaban en el centro de la plaza pública, bajo un esquema de participación social que daba sentido al concepto de democracia.

“En algo Aristóteles acertó”, continúo diciendo Saramago. “Que se sepa (a lo largo de toda la historia) jamás los ricos han sido más que los pobres. Pero el aserto del filósofo de Estagira, pura obviedad aritmética, se hace añicos al chocar contra la dura muralla de los hechos: los ricos siempre han sido quienes han gobernado el mundo”. En efecto, la transición social y el modelo actual de representación política impiden que como en el viejo mundo helénico, las decisiones puedan determinarse en la plaza pública; ésta ha sido sustituida por los órganos parlamentarios cuyos miembros, al menos formalmente, representan nuestros intereses.

Seguía diciendo en su discurso el escritor, “no me resisto a recordarles, sufriendo con mi propia ironía, que para los discípulos de Platón, el Estado era la forma superior de moralidad” y concluía esta idea con la siguiente afirmación: “parece que estamos viviendo en el mundo al revés, en que precisamente el estado, yo diría, casi es la forma inferior de la moralidad que queda”.

Estas reflexiones sirven de marco para aventurar lo que contendrá la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, al menos en lo que corresponde al régimen de autorizaciones, así como en lo que respecta a lo que la reforma constitucional insertó en materia de límites a la concentración de frecuencias. La iniciativa, me aventuro a pensar, estará influenciada con seguridad por el ánimo de los consorcios mediáticos, por más que los actores de este proceso sostengan y afirmen la separación entre interés político y poder mediático.

En las postrimerías de la promulgación de la reforma constitucional, desde la Secretaría de Comunicaciones y transportes se decía que uno de los temas de mayor complejidad lo constituía el concepto de “título único”. Lo decían, por las afirmaciones que se escuchaban en la industria, que de manera por demás intencionada han confundido “servicios adicionales” con “servicios convergentes”. Es notorio el interés de los actuales consorcios mediáticos por aprovechar un bien de la nación, el espectro radioeléctrico, para acumular mayores ganancias a efecto de que el nuevo órgano regulador les autorice la prestación de “todos los servicios” en todas las plataformas tecnológicas posibles, sin que necesariamente retribuyan al erario público por esta autorización.

En esta discusión también se observa la reserva que siempre han tenido respecto de la operación de los medios públicos y de servicio social, a los que con toda seguridad habrán de intentar que la ley impida comercializar espacios publicitarios, que consideran propios de un negocio personal. Son una competencia “desleal” han dicho por décadas para limitar a este tipo de medios.

En los días recientes hemos asistido a una serie de enfrentamientos por el espectro entre algunos medios de comunicación, que nos alertan sobre el escenario que se aproxima: la disputa por asegurarse una legislación secundaria que les siga beneficiando como hasta ahora. Que les permita mantener un estatus privilegiado, para seguir disfrutando de la explotación de un bien de la Nación, cuya naturaleza debiera tener por consecuencia un beneficio social.

Ante este escenario, al igual que Saramago, la sociedad civil debiera negarse “a admitir que sólo es posible gobernar y desear ser gobernado de acuerdo con los modelos democráticos en uso, a mi entender, incompletos e incoherentes”.

Por ello es que en la Asociación Mexicana de Derecho a  la Información (AMEDI), habremos de seguir dando la batalla por un modelo de regulación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión que tome en consideración la vocación de servicio público de estos servicios.

Ambas Cámaras, Diputados y Senadores, arroparon la iniciativa ciudadana y a ellos habremos de exigirles congruencia en la dictaminación. Es necesario recordar que la reforma constitucional tiene como ejes de la discusión, el respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Es necesario recordar a los legisladores que la voracidad de los consorcios mediáticos por la obtención de ganancias sólo ha traído por consecuencia una enorme pobreza de los contenidos audiovisuales y que la función social de los medios de comunicación tiene por finalidad generar en las personas una mayor conciencia de su capacidad para ejercer su dignidad como personas.

Tal como Saramago se lo preguntó ese día ¿Qué hacer? La respuesta está en la participación social. Se contestaba el poeta “Dejemos de discutir la democracia como un dato adquirido, intocable, definido de una vez y para siempre […] discutámosla, señoras y señores, discutámosla en todos los foros, porque si no lo hacemos a tiempo, si no descubrimos la manera de reinventarla (sí, de reinventarla), no será sólo la democracia lo que se pierda, también se perderá la esperanza de ver un día dignamente respetados los derechos humanos en este infeliz planeta.

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