Telecomunicaciones y Radiodifusión

Implicaciones y retos de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión (sobre como encontrarle la cuadratura al círculo)

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013, recoge una importante lista de temas que han sido una exigencia de la sociedad civil desde que Luis M. Farías, Presidente de la Cámara de Diputados, al final de una consulta pública convocada en el año 1980 concluyó diciendo que “el cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados no [había] encontrado la fórmula para reglamentar el derecho a la información. Por decirlo así, no le encontramos la cuadratura al círculo”. Desde entonces el impulso para contar con una regulación secundaria ha surgido de la sociedad civil, de tal suerte que el mérito no es propio de quienes formaron el ya roto Pacto por México, aunque debe reconocerse el interés que en su momento mostraron las principales fuerzas políticas para alcanzar una propuesta de consensos.

No obstante, los alcances regulatorios de la reforma constitucional no han podido perfeccionarse en una ley secundaria por el incumplimiento del plazo legal que feneció el 9 de diciembre de 2013, para “expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, según dispone el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional.

Sin un espacio para promover la ley secundaria, como lo era el Pacto por México, corresponde a las cámaras del Congreso de la Unión retomar su labor legislativa, para que en el primer periodo de sesiones de este 2014 podamos tener una regulación secundaria; los grandes retos, sin embargo, se encuentran en la manera en que habrán de recogerse los principios de la reforma constitucional. Siendo una reforma de amplio contenido, que también incorpora aspectos muy importantes de competencia económica, el alcance de estas líneas se centra en analizar el impacto que tendrán los principios constitucionales en la ley secundaria, para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Aspectos relevantes de la reforma

Se reformula el principio que impone al Estado la obligación de garantizar “el derecho a la información” al ampliar la tutela estatal al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Hace énfasis en que toda persona tiene derecho a “buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, en congruencia con lo que regulan diversos tratados internacionales suscritos por México, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966.

Un punto trascendente es la declaratoria de que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen servicios públicos, pues resultaba absurdo que siendo el espectro radioeléctrico un bien del dominio de la nación, a la fecha, la legislación secundaria sólo reconoce a la radiodifusión como una “actividad de interés público”. Dada la función social a que se encuentran afectos estos servicios, en particular el de radiodifusión, resultaba anacrónico mantener esa postura, tomando en cuenta que su función social mantiene un vínculo importante con la libertad de expresión y el derecho a la información.

También resulta atinado que por primera vez, como lo señala el artículo décimo transitorio, se mencione la posibilidad de que los medios públicos cuenten con “independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”. Legislar al respecto será un importante reto para la Cámara en la que se inicie el procedimiento legislativo, pues algunos de estos supuestos generarán presiones y fuertes resistencias, como es el caso de las opciones de financiamiento, ya que la propuesta planteada hace años es que se les permita comercializar parte de los tiempos de pantalla en una proporción porcentual de la que les está permitida a los concesionarios comerciales. Como ya ha sucedido, los concesionarios privados mostrarán su oposición señalando que tal hipótesis constituye una “competencia desleal”.

En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados se cometió una significativa omisión, pues si bien se introdujo en el artículo sexto la obligación de establecer en la ley los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, nada se decía de los derechos de las audiencias, situación que se corrigió en el Senado de la República. Salvo en el caso de la televisión de paga, estos derechos no pueden ser satisfechos en los mismos términos que los derechos de los “usuarios” de los servicios de telecomunicaciones –internet y telefonía, tanto fija como móvil–, en primer lugar porque la radiodifusión no tiene usuarios y, en segundo término, debido a que su función social se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de ciudadanía, en el sentido de que a través de sus transmisiones es posible que la persona comprenda su entorno y fortalezca su visión del mundo.

En lo que corresponde al artículo séptimo, la modificación es concreta y sus alcances son relevantes para comprender la ratio legis del derecho fundamental a la libertad de expresión, pues amplía su campo regulatorio a cualquier medio de difusión y no sólo a la prensa escrita como originalmente fue redactado, para hacerlo consistente con las disposiciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966 como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969.

Impacto de la reforma en los derechos de las audiencias.

La reforma es importante no sólo porque recoge viejas demandas sobre la regulación del derecho a la información, sino de manera particular porque formalmente pretende romper vicios ancestrales de la participación de los grandes consorcios en los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Como lo precisa el acuerdo del IFETEL, publicado en el DOF el 20 de diciembre pasado por el que se aprueba el Programa de Licitación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, como parte de las obligaciones impuestas al ente regulador por la reforma constitucional, entre sus finalidades se encuentra la de ampliar las opciones de las audiencias, pues se trata de un mercado altamente concentrado, tomando en consideración que “Grupo Televisa y Televisión Azteca en su conjunto concentran, directa o indirectamente, 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad”, además de que la integración vertical de sus actividades, que incluyen la producción, programación, transmisión y comercialización de sus espacios en la pantalla, limitan el ejercicio pleno de los derechos de las audiencias, que no encuentran otras opciones más allá de las que proporcionan ambas cadenas de televisión abierta.

De ahí la necesidad de que en las Cámaras del Congreso de la Unión se alcancen los consensos necesarios para lograr una legislación secundaria que incorpore, de manera expresa, los derechos de las audiencias y que también otorgue al órgano regulador facultades suficientes para supervisar los contenidos audiovisuales, con el propósito de asegurar que los mismos no transgredan los límites impuestos en los artículos sexto y séptimo de nuestra Carta Fundamental, pues la libertad de expresión y el derecho a la información constituyen los ejes bajo los cuales se construyeron las hipótesis normativas de la reforma constitucional.

Interesa que el beneficio de la regulación secundaria ponga énfasis en los contenidos dirigidos a los niños y adolescentes, pues se trata del sector poblacional más vulnerable a la deplorable calidad de las actuales transmisiones de la televisión abierta. Con ello, se atendería la disposición constitucional que señala las finalidades del servicio público de radiodifusión, que según precisa el artículo sexto, en su apartado B, fracción III, debe estar orientado a brindar “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo tercero de [la] Constitución”.

Retos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Con seguridad, el proceso de licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta digital habrán de incentivar la competencia en este mercado, así como también puede ser posible que al ampliarse la oferta comunicativa, se genere un beneficio para las audiencias. Todo ello dependerá de los principios que orienten la política pública que impulse el IFETEL, pues no basta simplemente con ampliar el número de concesionarios sino que es indispensable asegurar que tanto los actuales como los nuevos interesados, se comprometan a elevar la calidad de los contenidos.

Los grupos empresariales interesados en entrar al mercado de la televisión abierta, deben tener en cuenta que el mercado se encuentra dominado por Televisa y Televisión Azteca y que para tener éxito y llamar la atención de las audiencias, será necesario ofrecer una propuesta comunicativa distinta a la de los actuales concesionarios, pues del éxito de su programación dependerá la contratación de publicidad, que es el medio para alcanzar no sólo el retorno de la inversión sino para obtener una ganancia, que es su finalidad como concesionarios de tipo comercial.

Televisa y Televisión Azteca, como grupos empresariales, se encuentran impedidos por disposición constitucional para participar en la licitación, por ello es que el IFETEL está obligado a promover un proceso transparente, para que no quepa duda alguna de que se trata en efecto de nuevos competidores. Las bases de la licitación deben ponerse previamente a consulta pública y el proceso licitatorio hasta la adjudicación de las concesiones, debe desarrollarse bajo la lupa de la supervisión ciudadana. La transparencia, como uno de los factores determinantes de la rendición de cuentas, está llamada a jugar un papel fundamental en este proceso y los comisionados que integran el órgano regulador, deben ser conscientes de su responsabilidad.

Revista Brújula Ciudadana No 52 del mes de Enero de 2014
http://www.iniciativaciudadana.org.mx/brujula-ciudadana/1507-brujula-ciudadana-52.html
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