Colaboraciones "Revista Zócalo"

Propuesta sobre derecho de réplica vulnera derecho a la información

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Replicar por informaciones inexactas o falsas, transmitidas por cualquier medio de comunicación, tanto electrónicos como escritos, tiene sentido para el ciudadano que percibe un daño a su esfera jurídica, por la posible afectación a su honor, que si bien es un concepto subjetivo, tiene para el afectado un significado concreto en función de ser él quien resiente el impacto de lo que se dice, más allá de que quien lo haga, argumente el ejercicio de su libertad de expresión.

La naturaleza de los derechos de la personalidad que se pueden afectar por la divulgación de hechos relacionados con la vida personal o profesional de una persona, tienen en el honor como concepto jurídico, el eje central de la discusión, ya que la afectación en la imagen, reputación o buen nombre del individuo sólo tienen relevancia jurídica en función del impacto que resiente el honor de la persona, tal como lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal, conforme a la tesis que lleva por título: DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA (Tesis: 1a. XX/2011. Décima Época), en cuya parte medular enfatiza que “por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros”.

Así, tanto el honor, imagen, reputación o buen nombre pueden verse afectados, cuando varía la apreciación social que se tiene del individuo sobre el cual se divulga información imprecisa o falsa, como también si es el propio sujeto el que advierte de manera consciente un cambio en su ámbito individual respecto de la apreciación que tiene de sí mismo. Por ello es importante la existencia de un marco regulatorio que ofrezca al afectado la posibilidad de exponer su propia versión de los hechos, más allá de que con su intervención pueda corregirse la opinión que los demás tengan respecto de su persona, pues no obstante que el estándar internacional es que la corrección debe hacerse en los mismos términos en que fue divulgada la información que dio origen a la réplica, la naturaleza de los medios de comunicación impiden la restitución total de la inexactitud informativa. Bien dice el dicho que palo dado, ni dios lo quita.

Debido a lo anterior es que el marco regulatorio debe asegurar inmediatez en la respuesta por parte del medio, ya sea para negar la réplica al considerar -al amparo de la libertad de expresión-, que no se vulneró de ninguna manera la esfera jurídica del peticionario, como para aceptarla, con el propósito incluso de preservar el derecho a la información de la audiencia, aportando con ello mayores elementos sobre los hechos divulgados.

Resulta indispensable no perder de vista que además de asegurar el derecho de la persona afectada a expresarse sobre informaciones que desde su punto de vista le afectan, el derecho de réplica debe evaluarse en el contexto de la obligación estatal de supervisar que a través del servicio público de radiodifusión, se preserve, entre otros aspectos, la veracidad de la información, tal como lo precisa el texto del artículo 6º de la Constitución Política, en la fracción III del Apartado B.

Es por ello que las diferencias que surjan entre las partes deben resolverse conforme a un procedimiento que se desahogue en la vía administrativa, que otorgue a la autoridad facultades suficientes para resolver sobre la pertinencia de sus posturas, dejando para el ámbito judicial los reclamos sobre reparación de daños, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, pues la judicialización del derecho de réplica hace nugatorio este derecho en virtud del tortuoso y largo camino que hay que agotar -en dos instancias judiciales-, hasta llegar incluso al juicio de amparo.

Por otra parte, es necesario hacer notar el carácter potestativo de la réplica para el sujeto activo, pues es jurídicamente posible que éste acuda a la instancia judicial a reclamar la reparación de los daños causados, sin que haya agotado el procedimiento administrativo, ya que la esencia de las controversias judiciales por reparación de daños causados a partir de informaciones inexactas o falsas, se resuelve mediante la ponderación que hace el juzgador cuando “el conflicto primigenio se origine porque un particular alegue que se ha violentado su derecho al honor, y otro particular señale que las manifestaciones combatidas se ejercieron dentro de los límites de la libertad de expresión”, como bien lo señala un precedente judicial de nuestro máximo tribunal -Tesis: 1a. LXX/2013 (10a.)-, situación que supone valorar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en colisión.

Debe aclararse que a diferencia de lo que ocurre con afectaciones al honor, en el caso de intromisiones a la intimidad de las personas por parte de los medios de comunicación, el derecho de réplica no es la vía adecuada para restablecer la afectación, dada su incapacidad restitutoria del derecho violado, que sólo se perfecciona mediante la intervención judicial, tal como lo afirma otro precedente judicial -Tesis: 1a. XLIV/2010 (9ª). DERECHO A LA INTIMIDAD. EL DERECHO DE RÉPLICA NO REPARA LA INTROMISIÓN EN AQUÉL- en el sentido de que, considerando la naturaleza del derecho a la intimidad, independientemente de la veracidad de los datos que se difundan, la réplica no restituye la afectación sufrida “pues no se responde por la falsedad de lo publicado, sino precisamente por decir la verdad”.

En estos términos, la réplica sólo tiene efectos restitutorios cuando a partir de informaciones falsas o inexactas se afecta el honor, imagen, reputación y buen nombre de una persona, de lo que se sigue la necesidad de asegurar un procedimiento administrativo idóneo que además de favorecer la intervención del particular afectado, asegure los derechos de las audiencias a información oportuna y veraz.

Esa autoridad administrativa, desde mi punto de vista, debe ser el instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tal como lo precisa el párrafo décimo cuarto del artículo 28 de nuestra Constitución, para que éste se encuentre en posibilidades de cumplir su objeto-el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones- tendrá a su cargo “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones […] garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución”.

No se pueden satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, como lo impone el texto constitucional, si el ejercicio del derecho de réplica se deja en manos del Poder Judicial de la Federación, como lo propone la iniciativa aprobada por el Senado de la República cuyo dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 5 de diciembre, por la ineficacia de un procedimiento de esta naturaleza para restituir los derechos violados en un plazo que no impide que la afectación sea irreparable.

La iniciativa en su Capítulo III regula el “procedimiento judicial en materia de derecho de réplica”, y si bien enfatiza en su artículo 23 que “es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya”, las lesiones al honor de una persona por informaciones transmitidas a través de los medios de comunicación deben resolverse en una instancia que inhiba que el conflicto escale a un nivel en que necesariamente deba demandarse la reparación de daños; por el contrario, el marco regulatorio debe incentivar el arreglo y la aceptación de la réplica, en lugar de promover el enfrentamiento y la disputa judicial.

En lugar de ello, la iniciativa acendra el encono y el enfrentamiento, pues en su artículo 25 enlista los requisitos que el demandante debe acreditar ante el órgano judicial para dar cauce al procedimiento, los que no se limitan, como es lo común en este tipo de controversias, a señalar los datos que le permitan a la autoridad identificar el programa o publicación en la que se divulgó la información que se reputa inexacta o falsa, sino que además, se le exige, en la fracción VII, que señale “las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente […]; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiere ocasionado”.

Tal aberración se complementa con lo dispuesto por el artículo 26, que en su fracción II ordena que “a todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar […] las pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo anterior”, lo cual si bien es factible cuando se trata de medios impresos, resulta prácticamente imposible en el caso de que la información haya sido transmitida por radio o televisión, ya que el afectado no sólo deberá exponer los fundamentos y razones por los cuales considera que dicha transmisión violenta su esfera jurídica, sino que será indispensable que se allegue de la grabación del audio o del audio e imagen, según se trate del medio que haya difundido la información.

Lo señalado es una pequeña muestra de lo inviable que resulta la propuesta, sin considerar que para iniciar un procedimiento judicial se requiere contratar los servicios profesionales de un abogado, pues conforme a nuestro sistema de impartición de justicia, es poco factible que cualquier ciudadano acceda a los tribunales por su propio derecho.

Por lo anterior es que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones deberían levantar la voz en defensa, como es su obligación, del respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información; su campo de actuación constitucional.

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