Telecomunicaciones y Radiodifusión

Todo un retroceso, la judicialización del Derecho de Réplica (cómo avasallar un derecho de las audiencias)

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

En días pasados, la H. Cámara de los Diputados dictaminó diversas iniciativas relacionadas con el Derecho de Réplica, con lo cual se atiende una añeja obligación que impuso la reforma constitucional publicada el 13 de noviembre de 2007, en cuyo artículo décimo transitorio se dispuso una fecha fatal, que culminaba el 30 de abril de 2008, para que el Congreso de la Unión legislara en la materia.

Considerando el retraso legislativo de un poco más de 5 años, pareciera loable el esfuerzo de los diputados; sin embargo, los términos en que se pretende asegurar el ejercicio de un derecho tan relevante (judicializando el procedimiento), el momento en que se quiere llevar a cabo (en medio de una crisis legislativa ocasionada por las reformas energética y política), y ante el incumplimiento del plazo establecido en la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión para contar con una ley secundaria (en la que deben insertarse mecanismos para asegurar los derechos de las audiencias), motivan a reflexionar sobre las intenciones de sus promotores, así como respecto de los beneficiarios de dicha regulación, pues, en efecto, no existen textos normativos jurídicamente neutros.

El impacto regulatorio de cualquier cuerpo normativo, más cuando involucra el ejercicio de derechos fundamentales, genera en sus destinatarios la idea de que existe una carga mayor para alguno de los regulados, proporcional en beneficios a los establecidos para su contraparte, lo que depende, por supuesto, del enfoque ideológico bajo el cual se haya formulado la regulación jurídica y de la capacidad que las partes tengan para influir en su ratio. En el caso que nos ocupa, dados los términos del dictamen que se generó en la Cámara de Diputados, todo hace suponer que la balanza de los beneficios está cargada del lado de los medios de comunicación, ya que al amparo de un discurso que destaca los beneficios del Derecho de Réplica en el ámbito interamericano y de su utilidad para el fortalecimiento del concepto de ciudadanía, se introduce la falacia de un procedimiento expedito, que si bien garantiza certeza jurídica, lo hace a un alto costo para los promoventes, con el riesgo adicional de ser totalmente inoportuno.

En este contexto, imposible perder de vista el olvido legislativo sobre las facultades de la autoridad encargada de regular y supervisar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyos miembros, para no perder la pasividad que se nota desde su designación, simplemente guardan silencio ante un tema que los involucra de manera directa: la obligación de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de las audiencias del servicio de radiodifusión.

Ciertamente, el contenido del dictamen que ahora se encuentra en la Cámara de Senadores es, en términos generales, congruente desde un punto de vista doctrinario, en tanto que refuerza la idea en torno a la importancia del Derecho de Réplica como parte fundamental de una democracia, por su vinculación con los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información; empero, el procedimiento para hacerlo efectivo se constituye en un obstáculo que puede hacer nugatoria su finalidad normativa.

La judicialización del procedimiento, en su etapa final, genera los incentivos necesarios para que los sujetos obligados (medios de comunicación) encuentren los espacios y pretextos que necesitan para incumplir la obligación de aceptar y difundir la réplica de la persona agraviada, de tal suerte que siempre será posible que ofrezcan argumentos para que sea el Poder Judicial Federal quien resuelva la controversia conforme a los procedimientos legales que favorecen la promoción de diversos recursos, incluido el desahogo del juicio de amparo. Dados los plazos que ello conlleva, es muy probable que cuando la autoridad judicial falle en favor del promovente, el Derecho de Réplica haya perdido su finalidad y el daño causado a la esfera jurídica del ciudadano agraviado sea incluso irreparable, particularmente en lo que se refiere a su honra y buen nombre.

En casos como el presente, la tutela del derecho exige un procedimiento expedito,  ante una autoridad administrativa, pues si bien es indebido desestimar la intervención judicial, ésta debe dejarse para un momento en el cual el agraviado tenga interés en obtener, de manera adicional, la reparación de los daños causados, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Esa debe ser la esencia de la tutela judicial en esta materia, que resulta impertinente para garantizar la inmediatez que debe caracterizar el restablecimiento de agravios relacionados con la divulgación de informaciones inexactas por parte de los medios de comunicación.

Para el efecto de lograr una regulación eficaz, el Senado de la República, a quien corresponde ahora la revisión del dictamen de la colegisladora, debe tomar en consideración que en términos de lo dispuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de junio pasado, en la ley convergente en telecomunicaciones y radiodifusión (esa que debió estar lista justo el día de ayer 9 de diciembre), resulta necesario introducir los mecanismos para la protección de los derechos de las audiencias, tal como lo precisa el apartado B del artículo 6o., en su fracción VI.

También se debe tener en cuenta que la fracción IV del artículo TERCERO TRANSITORIO del Decreto, relativo a la citada reforma constitucional, ordena al Poder Legislativo adecuar el marco jurídico necesario para regular, entre otros aspectos, el Derecho de Réplica. Conforme a lo anterior, es notorio que el interés del Poder reformador de la Constitución fue el de armonizar ambas prescripciones, pues no debe pasar desapercibido que el derecho de réplica es, sin duda alguna, uno de los derechos de mayor relevancia de las audiencias, aunque cabe precisar que su ejercicio no se agota en regular sólo lo relativo a la radiodifusión, sino que se trata de un derecho que le asiste también a los destinatarios de otras formas de comunicación, particularmente la escrita, con seguridad la más tradicional de todas, pero de igual manera es un derecho de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, tanto de los de audio y televisión restringidos, como de aquellos que tienen acceso a información que se transmite a través de la banda ancha, cuyo resguardo se encuentra igualmente tutelado en la reforma constitucional al señalar la obligación del Legislativo de establecer en la ley secundaria mecanismos para su protección.

Conforme a lo expresado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe tener un papel fundamental en la satisfacción del Derecho de Réplica de quienes se sientan agraviados por información que se transmita a través de los medios de comunicación electrónica tradicionales (radio y televisión abierta), así como de aquellos casos en los cuales el origen se encuentre en las transmisiones de audio y televisión restringidos, tanto cableados como satelitales, motivo por el cual corresponde al Senado de la República corregir la tarea llevada a cabo por la colegisladora, para que se incorpore en el marco normativo un procedimiento que en lugar de inhibir el ejercicio de este derecho ciudadano, lo fomente.

Si el proyecto de los Diputados se aprueba por parte de los Senadores sin una discusión que reflexione sobre la desproporción del procedimiento planteado, en particular en lo que corresponde a la inoportuna intervención que se pretende dar al Poder Judicial Federal, se fortalecerá la hipótesis de que las cámaras legislativas inclinan la balanza en detrimento de los derechos ciudadanos, para favorecer los intereses de los consorcios mediáticos, que por años han limitado la posibilidad de replicar ante opiniones inexactas.

Otro punto que amerita un cambio sustancial, se refiere a la necesidad de permitir la intervención de la autoridad electoral en aquellos casos en los que la información que se pretende replicar involucre a partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, pues además de insostenible, la justificación que se aprecia en el dictamen de la Cámara de Diputados resulta tendenciosa, al señalar que “en relación con la materia electoral, el dictamen propone que el Derecho de Réplica se tramite de conformidad con lo previsto en la ley y no ante el Instituto Federal Electoral (IFE), ya que así lo dispone el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, pues si bien es cierto que cuando se publicó el Cofipe el 14 de enero de 2008, se precisó que “el Derecho de Réplica se [ejercería] en términos de la ley específica”, no se introdujo una prescripción expresa para expulsar de dicho ordenamiento, cuando fuera promulgado, la atribución de la autoridad electoral para conocer de esta materia.

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