Colaboraciones "Revista Zócalo"

La encrucijada de la regulación secundaria en telecomunicaciones (Apuntes para entender el atraso gubernamental)

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

El nueve de diciembre se cumple el plazo determinado por la reforma Constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, para que el Congreso de la Unión apruebe un nuevo marco normativo de carácter convergente en estas materias y si bien en ambas cámaras se tienen iniciativas formalmente sometidas a estudio y dictamen de las comisiones respectivas, ninguno de estos proyectos es producto del interés gubernamental, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de un largo silencio, anuncia a finales de noviembre que entregó el proyecto al Consejo Rector del Pacto por México, después de que varios meses atrás señalara, en voz del Subsecretario de Comunicaciones, que el documento tenía un avance cercano al cien por ciento. Cómo explicar el atraso gubernamental y que podemos esperar en tan corto plazo.

El anuncio lo hizo la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, en el marco de la 55 Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada el 20 de noviembre por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), aunque no se divulgó su contenido. Al respecto, habrá que recordar que el 4 de septiembre pasado, cuando la AMEDI entregó su proyecto al Consejo Rector del Pacto por México, los presidentes de los tres partidos políticos ahí representados hacían cuentas alegres del proceso que los convocaría en el futuro cercano en torno a la iniciativa. César Camacho Quiroz, Presidente en turno del Consejo, señaló enfático que el proyecto sería “materia prima para la discusión” y que el documento entregado por la Asociación daría lugar a un proceso de discusión que se definiría en el Congreso, haciendo notar que la iniciativa de la AMEDI sería “debidamente procesada”.

Días más tarde, el 9 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presidida por el perredista Silvano Aureoles Conejo, también recibió la propuesta de la AMEDI. Los líderes de las diversas fracciones parlamentarias, ahí reunidos, fueron comedidos en sus comentarios sobre el proyecto ciudadano. Manlio Fabio Beltrones señaló, incluso, que en ausencia de un marco jurídico que impedía la presentación de iniciativas ciudadanas, el documento de la AMEDI debía verse como una petición de la sociedad civil, y propuso que fuera enviada al conjunto de los Diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, con lo cual coincidieron el resto de sus compañeros, afirmando además que sería un “insumo” importante para el debate que vendría.

Se dice que finalmente el Consejo Rector del Pacto por México tiene ya la propuesta del Ejecutivo Federal, por lo que sería deseable que el documento lo hagan público. La transparencia debe ser uno de los principios que los presidentes de los partidos políticos deben privilegiar, más si se trata de iniciativas que van a tener un impacto importante, no sólo para la industria, sino fundamentalmente para los ciudadanos. La discusión dentro del Pacto debe pasar por la publicidad de lo que ahí se analiza y debate. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la postura gubernamental en un tema tan trascendente para la defensa de nuestros derechos, además de que, por otra parte, se espera que Zambrano, Camacho y Madero honren su palabra de que el proyecto ciudadano que les fue entregado será tomado en cuenta para enviar una propuesta al Poder Legislativo.

En cuanto a la elección sobre cuál de las dos Cámaras del Congreso de la Unión será Cámara de origen, la decisión habrá de pasar, con seguridad,  por una evaluación interna entre los líderes de los partidos políticos ahí representados, pues los enfrentamientos que sus parlamentarios han tenido en las últimas fechas por el tema fiscal y la falta de consensos en torno a las iniciativas de reformas en materia energética y política, motivarán una reflexión más cuidadosa sobre el proyecto en telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente de los líderes de la oposición, pues no debe olvidarse que también preparan procesos internos para el cambio de sus dirigencias nacionales, y en estos momentos, políticamente todo cuenta. El entorno es difícil para ellos, pues la decisión a favor o en contra del modelo regulatorio que impulsa el Presidente de la República con el proyecto enviado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y la existencia en ambas Cámaras de al menos un proyecto, motiva una reflexión importante sobre la viabilidad de la iniciativa ciudadana.

Si bien ninguno de los Presidentes de los citados partidos políticos se ha pronunciado sobre el contenido de la iniciativa de la AMEDI y tampoco sabemos que se haya turnado el documento a sus grupos parlamentarios para que se enteren de su pretensión regulatoria, la llegada del texto del Ejecutivo Federal puede apresurar las decisiones.

En la Cámara de Diputados, a diferencia de la postura que mantuvo parte de la izquierda sobre la reforma constitucional, cuando Diputados de la oposición ¾particularmente de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo¾, bajo el argumento de que la Cámara no era una “oficialía de partes”, presentaron más de 90 reservas, en estos momentos sólo algunos se han manifestado sobre el vencimiento del plazo impuesto por la Constitución para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La vehemencia con la cual defendieron en aquella ocasión las reservas presentadas, que por cierto se desecharon sin mayor discusión, contrasta con el poco interés que hoy mantienen quienes subieron ese día a la Tribuna. No obstante, debemos confiar en aquellos Diputados que comulgan con los intereses sociales, para que retomen el proyecto ciudadano y lo suscriban, como lo hicieron un grupo plural de legisladores en la Cámara de Senadores.

Cualquiera que sea la decisión del Consejo Rector del Pacto por México, sobre la Cámara de origen que dictaminará la iniciativa presidencial, lo importante es que el proyecto ciudadano se convierta en un contrapeso importante sobre temas que con seguridad habrán de merecer la oposición de los legisladores que se identifican con los intereses de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones.

En la AMEDI hemos sido enfáticos en reconocer que la reforma constitucional presenta hipótesis regulatorias importantes, y aunque no fueron descalificadas públicamente por los concesionarios, no significa que hayan estado de acuerdo en todo con sus alcances normativos. Entre líneas puede leerse su postura. Han señalado que es necesario que la ley secundaria les otorgue certeza jurídica, que en las autorizaciones del espectro radioeléctrico exista un piso parejo y no se privilegie el uso público y social, que la autorización para prestar servicios adicionales les permita la convergencia tecnológica e insisten en que el tránsito hacia el título único no limite sus derechos y aunque nada han dicho sobre la hipótesis constitucional para limitar la concentración de frecuencias y concesiones, es con seguridad, uno de los temas que más les preocupan.

En el evento del CIRT, el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, señaló que “al concluir este proceso, realmente habrá garantías a la competencia y de seguridad jurídica a quienes están invirtiendo en estaciones concesionarias desde hace mucho tiempo”. ¿Sensibilidad a los intereses de los concesionarios? Puede ser.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargada de elaborar el proyecto del Ejecutivo Federal, ya había mencionado que las hipótesis de mayor complejidad regulatoria se refieren a los términos en que debe autorizarse la prestación de servicios adicionales ¾que confunden, posiblemente de manera intencional, con los convergentes¾ y la figura del título único y, aunque no se ha divulgado el texto del proyecto presidencial, habrá que estar atentos a la postura que ahí se proponga en los aspectos de competencia económica, particularmente en el tema de límites a la concentración, pues es uno de los que más preocupan a los concesionarios.

En momentos en los que el debate sobre otros temas igualmente relevantes enfrenta al Ejecutivo Federal con los partidos de oposición, es posible que la tardanza del Presidente de la República, desde una perspectiva de cálculo político, esté evitando abrir un nuevo frente de discusión con la iniciativa de ley secundaria convergente en telecomunicaciones y radiodifusión, pues la existencia de un proyecto ciudadano en el Senado de la República constituye un importante límite a la posibilidad de legislar al vapor en la colegisladora, pues en ambas Cámaras tendrán que recibirse, analizarse y votarse los dictámenes resultantes de las iniciativas a la fecha existentes.

Habrá que recordar que en el Senado de la República hubo sensibilidad para atender con mayor puntualidad el interés ciudadano, en donde el proyecto de la AMEDI es en estos momentos iniciativa de Ley, al haber sido suscrito por 18 Senadores de distintos grupos parlamentarios, excepto del Revolucionario Institucional, mientras que en la Cámara de Diputados, Purificación Carpinteyro presentó el 17 de octubre una iniciativa con los mismos propósitos, y aunque lo deseable hubiera sido retomar el proyecto entregado por la AMEDI al líder de su fracción, con el propósito de lograr un documento de mayor amplitud y consenso, lo cierto es que su iniciativa deberá ser analizada y dictaminada en comisiones, para después ser votada y enviada al Senado de la República para los mismos efectos.

Es por lo anterior que la regulación secundaria se encuentra en estos momentos en una encrucijada difícil de resolver, pues en el escaso tiempo que falta para que concluya el plazo señalado en la reforma constitucional, resulta prácticamente imposible que se agoten los procedimientos a que deben someterse las iniciativas de los legisladores en ambas cámaras, para que se apruebe una ley secundaria. Lo anterior no implica que en la AMEDI tengamos interés en promover la inmediatez del trabajo legislativo. Es preferible ampliar el plazo para la discusión en Comisiones, para que sus miembros tengan oportunidad de analizar y debatir a detalle las propuestas, pues a final de cuentas nuestro marco jurídico no ha establecido sanción alguna que castigue el incumplimiento de parte de los cuerpos legislativos a los plazos establecidos en la Constitución.

Finalmente, cabe hacer notar que al retraso del Gobierno Federal en la entrega de su iniciativa debe agregarse el silencio de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes nada han dicho sobre el marco regulatorio que idealmente deben construir las cámaras legislativas, como si la falta de normatividad secundaria no les afectara. Sólo atinan a repetir, en los foros a los que han sido invitados, lo que de manera expresa señala el texto de la Constitución.

A quienes si favorece el retraso es a los concesionarios, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, pues aunque se espera que en breve el órgano regulador se pronuncie sobre la figura transitoria de “preponderancia”, mientras no exista un marco normativo de carácter secundario que precise las reglas en materia de límites a la concentración, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de medios, como lo ordena el artículo 28 de la Constitución, seguirán utilizando el total del espectro radioeléctrico actualmente concesionado para favorecer sus intereses comerciales, en detrimento de los derechos de los usuarios de unos y de las audiencias de los otros.

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