Colaboraciones "Revista Zócalo"

Derechos de las audiencias, insatisfechos por inacción del Ifetel

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

El texto del artículo 6º, Apartado B, fracción VI, de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, no deja lugar a dudas, en cuanto a que la legislación secundaria deberá señalar de manera expresa, además de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, los derechos de las audiencias, así como “los mecanismos para su protección”.

En ausencia de un marco normativo que regule lo dispuesto en el texto constitucional, ¿Qué debe esperarse de la autoridad, cuando se violentan disposiciones de orden público, en detrimento de nuestros derechos?. Una respuesta que en lo inmediato me viene a la mente es que si alguien tiene la obligación de actuar, es la autoridad. No puede haber vacíos legales y tampoco se puede argumentar la ausencia de disposiciones expresamente relacionadas con situaciones que afectan nuestros derechos.

Lo anterior viene a colación por el primer diferendo que en fechas muy reciente se ha presentado en el mercado, cuyos protagonistas son Televisa (concesionario de señales radiodifundidas) y Dish (operador de una red pública de telecomunicaciones, que presta servicios de televisión de paga vía satélite), a partir de que esta última sube las señales que radiodifunde la primera a su sistema de televisión de paga, bajo el argumento de que sólo cumplen una obligación que les impone el segundo párrafo del artículo OCTAVO Transitorio del Decreto por el cual se reformaron diversos artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en cuanto a que, una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), “los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional”.

La posición de la empresa de televisión abierta es que dicho acto resulta ilegal, entre otras cosas, por no haber resolución del Ifetel sobre dicha hipótesis normativa, pues no se puede afirmar, en primer lugar, que sus señales radiodifundidas tienen una cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional.

Al respecto, encuentro que el argumento de Dish no sólo atiende en lo inmediato el derecho de las audiencias de recibir por su sistema de paga la señal de los canales abiertos de Televisa, sino que tiene sustento en la hipótesis de que dicha obligación surge de manera inmediata a la constitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por el contrario, es difícil imaginar que en Televisa tengan duda de que por lo menos dos de sus señales abiertas cubren, así sea mediante repetidoras, la mitad del territorio del país. Todo hace suponer que en lugar de adherirse voluntariamente al cumplimiento de la norma constitucional, en Televisa mantienen su interés por alargar, lo más que se pueda, el cumplimiento de la obligación constitucional de poner a disposición de Dish sus señales radiodifundidas.

Es posible que lo anterior se deba a la no tan vieja disputa que mantiene Televisa con Dish, la que en un corto tiempo se constituyó en una empresa altamente competitiva en virtud de las tarifas que ofreció al público, por debajo de las de su filial SKY. La lógica hace suponer que Dish pudo ofrecer una tarifa baja no sólo por el disminuido margen de ganancia en su sistema de costos, sino también por el hecho de que al no subir la señal de los canales abiertos no tuvo necesidad de cubrir la “cuota” que el resto de los sistemas de televisión cerrada pagan a Televisa, de casi dos dólares americanos por suscriptor.

No obstante lo anterior, es necesario destacar que para Dish fue fácil atender la disposición constitucional, pues no tenía relación contractual alguna con Televisa, de tal suerte que ésta no puede argumentar una obligación previa para “conciliar cifras” y tampoco está Dish en la hipótesis de “reintegrar” a sus clientes el costo que a otros operadores les habrá de significar el pago que hasta este momento siguen haciendo a Televisa, por la retransmisión de la programación que se genera a partir de sus canales abiertos.

En este contexto, a iniciativa de la Comisionada Adriana Labardini, el Ifetel invitó a la AMEDI y a OBSERVATEL a una reunión en la que sin mayores formalidades, se nos solicitó externar nuestra opinión sobre el asunto. Se dijo, según la autoridad, que también habían sido convocados los operadores involucrados en el diferendo a que me he referido con anterioridad, de los cuales sólo asistieron representantes de la empresa MVS, es decir, Dish.

A ese respecto, si bien es necesario celebrar el interés de la Comisionada Labardini (quien por cierto realizó en el pasado una importante labor en beneficio de los consumidores),  por allegarse de la opinión, no sólo de los operadores sino de organizaciones de la sociedad civil, no creo que haya mérito alguno en una reunión en la cual la autoridad no manifiesta su posición, pues para que los Comisionados conocieran lo que ahí señaló Dish bastantes notas de prensa se han escrito. Tampoco creo que se haya sentido la ausencia de los otros operadores, pues por ellos hablan sus actos, como es el caso del litigio que en el ámbito judicial del Distrito Federal inició Televisa en contra de las acciones llevadas a cabo por Dish.

Hubiera sido meritorio que al menos manifestaran su interés por conciliar los intereses de las empresas en litigio, en aras de hacer valer las disposiciones constitucionales, en beneficio de las audiencias, pero no fue así. Que gran logro hubiera sido que con datos en la mano (conforme a los registros que con seguridad recibieron de la extinta COFETEL), hubieran hecho notar a Televisa una realidad que todos suponemos, en el sentido de que algunas de sus señales de televisión abierta cubren al menos el 50% del territorio nacional.

Ante el desdén de Televisa al llamado de la autoridad, hubiera sido altamente relevante que los comisionados (a la reunión convocada por Adriana Labardini se adhirieron dos comisionados más), externaran su opinión, al menos, sobre la relevancia de su labor en defensa de los intereses de las audiencias, pues como lo señalamos tanto su servidor como Irene Levy de OBSERVATEL, se trata de un tema estrechamente vinculado con la defensa de derechos fundamentales.

No fue así y lo más que se pudo obtener de la autoridad en la reunión fue un pronunciamiento en el sentido de que deben ser “cuidadosos” de las disposiciones de la Constitución, aunque aseguraron que habrán de salir “con una resolución muy robusta”. Esperemos que, en efecto, la resolución se encuentre sustentada no sólo en lo que es una obviedad, en cuanto a que las audiencias tenemos derecho a recibir la señal radiodifundida a través de los sistemas de paga, de manera gratuita, “en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde”, como lo precisa el texto constitucional, sino que además, se haga notar que las medidas implementadas por Televisa, si bien son legales y legítimas, son innecesarias, retan a la autoridad y retardan la satisfacción de derechos fundamentales.

Si en un asunto relativamente sencillo como éste no hay aún pronunciamiento institucional, qué pasará cuando otros concesionarios, como es el caso de aquellos que transmiten la señal de paga por vía cableada y mantienen un contrato con Televisa y TV Azteca para retransmitir su programación, le solicitan al Ifetel que se pronuncie sobre los términos en que deben cumplir la disposición constitucional.

De igual forma surge la inquietud sobre el proceder de las llamadas empresas cableras, cuando sus clientes les exijan una disminución en el costo de los paquetes contratados, en virtud de que a partir de la disposición constitucional la señal radiodifundida debe ser gratuita y por tanto son ya sus acreedores en la proporción monetaria que estas empresas les repercuten del pago que deben hacer contractualmente a las empresas de televisión abierta. ¿Será que en un ánimo de cumplir la disposición constitucional, estas empresas anunciarán a sus suscriptores la disminución en el costo de los paquetes, independientemente de que con posterioridad “concilien cifras” con Televisa y TV Azteca? No lo creo, siempre ha prevalecido el ánimo de lucro, por encima del cumplimiento legal, tanto de parte de las empresas de televisión de paga, como de las que transmiten las señales abiertas.

Por otra parte, también hubiera sido deseable que los Comisionados se tomaran en serio el tema de la transparencia. El exhorto de su servidor para que hubiera un comunicado sobre la reunión, que si bien no se negó pero tampoco tuvo una respuesta contundente y precisa, es un mal presagio de lo que puede esperarse en el futuro, muy a pesar de la intención de la Comisionada Labardini de inaugurar una nueva forma de interlocución, tanto con operadores como con la sociedad. La respuesta de uno de los Comisionados presentes en el sentido de que el texto constitucional sólo regula lo relativo a las sesiones del Pleno, me hace suponer un amplio desconocimiento sobre lo que en el Ifetel se entiende por el principio de “máxima publicidad” a que se refiere el artículo 6º de nuestra Carta Fundamental.

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