Telecomunicaciones y Radiodifusión

Transparencia en Ifetel; uno de los grandes pendientes

Agustín Ramírez Ramírez
Presidente del Comité Directivo de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Recientemente fui convocado por la Comisionada Labardini, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a una reunión “informal” para dar el punto de vista de la AMEDI sobre la regulación del must offer y must carry. A la reunión llegaron dos Comisionados más, quienes la mayor parte del tiempo se mantuvieron atentos a las opiniones vertidas por el único operador que acudió a la reunión (Dish de MVS), de los tres que se supo habían sido convocados, así como a lo señalado por su servidor y por Irene Levy, de OBSERVATEL.

Más allá del diferendo sobre la retransmisión de las señales radiodifundidas y la interpretación que a nuestro parecer debe orientar las acciones del órgano regulador, sobre lo cual la AMEDI se ha pronunciado de manera amplia, me interesa abordar, aunque brevemente, el concepto de transparencia que debe privar en este tipo de reuniones.

El tema no es menor, en virtud de que en principio los mismos Comisionados no tenían muy en claro el tratamiento que debían darle a esa reunión, pues más allá de su carácter “informal” y de la ausencia de al menos otro de los operadores (Televisa) que mantienen un diferendo con el concesionario que estaba presente (MVS), como lo señaló uno de los Comisionados, mi parecer es que el principio de máxima transparencia debe guiar la actuación de todos los servidores públicos, incluso de quienes forman parte de un ente público como el IFETEL, cuya naturaleza de organismo con autonomía constitucional los obliga a contar con un marco regulatorio en la materia, que por supuesto no puede (y tampoco debe) alejarse de los principios constitucionales como el ya señalado.

Cuando el suscrito exhorta a los Comisionados a emitir un comunicado sobre la reunión, por el convencimiento personal de que todos los actos del poder público deben darse en términos que la sociedad pueda evaluarlos públicamente, intento hacer notar el valor de la transparencia como parte de un proceso sustancial para que la toma de decisiones en asuntos de alta relevancia (la discusión sobre la retransmisión de las señales abiertas es uno de esos asuntos, por la posible afectación a derechos fundamentales), se socialice y con ello abone al tan necesitado prestigio de la institución que acaba de nacer.

No se trata de un escrúpulo personal; se trata de la defensa de uno de los principios de mayor trascendencia para la comprensión del derecho a la información. Sin transparencia, los actos del poder público se vician de tal manera que se siembra todo tipo de sospechas, que no sólo afectan la credibilidad de los servidores públicos sino que terminan por dañar de manera muy importante el prestigio de las instituciones públicas. Ese es el punto.

Cuando uno de los Comisionados me recuerda que en términos del párrafo diecinueve fracción VI del artículo 28 de nuestra Carta Fundamental, su órgano de Gobierno, es decir, el Pleno del IFETEL, deberá “cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información” y que “sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley”, pero que dicho criterio normativo no precisa el tratamiento de las sesiones que estábamos teniendo, me asalta una duda mayor y pienso si será consciente el señor Comisionado de que sus palabras no sólo hacen notar su desconocimiento sobre el régimen jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino que habla en nombre de una institución del Estado.

Me parece que ante una duda de tales magnitudes, que no fue rebatida por ninguno de sus compañeros presentes en la reunión (lo que presupone un comedimiento muy común en el sector público para no herir la susceptibilidad de un compañero), es muy importante que el Pleno del Instituto aborde el tema.

Resulta indispensable que a la brevedad halla pronunciamiento público sobre la naturaleza de este tipo de reuniones “informales”, que la sociedad ve con buenos ojos y en ese sentido AMEDI celebra que haya sido la Comisionada Adriana Labardini, quien tuviera la iniciativa de convocarla, pero las indefiniciones pueden hacer un daño mayúsculo a la institución, por la falta de transparencia.

Sería recomendable que los Comisionados, al menos quienes no comparten el antecedente, revisen la Tesis Aislada, de la 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 1899, para conocer el alcance del siguiente criterio judicial:

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: “ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.”, contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

De igual forma sería deseable, que también se revisara la tesis jurisprudencial que anteriormente se menciona, de la 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Pág. 743:

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene un instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior, no puedo dejar de destacar la importancia de la frase que señala, que en esta materia, “se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración”. Ojalá en el IFETEL se comprenda a cabalidad la importancia de constituirse en un ente público respetuoso de la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos, habremos de valorarlo.

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