Telecomunicaciones y Radiodifusión

Las razones del Cisen; ilegalidad y parcialidad de su actuación

Agustín Ramírez Ramírez

Presidente del Consejo Directivo de la AMEDI.
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez
 

Si los hechos ocurrieron como lo señala Miguel Badillo en la Revista Contralínea (publicación electrónica del pasado 6 de octubre), en cuanto a que el Cisen llevó a cabo una investigación “sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Ifetel”, el trabajo del órgano de inteligencia del gobierno federal deja mucho que desear, pues si bien se dan a conocer algunos datos que no son públicos, como el supuesto vínculo financiero entre Telmex y Mediatelecom, así como un patrocinio monetario poco relevante de MVS a Irene Levy de Observatel, no se trata de información que sorprenda, además de que tampoco estamos en presencia de relaciones ilegales o ilegítimas.

Así las cosas, el trabajo del Cisen resulta deplorable, porque su vocación como órgano de inteligencia y los resultados que en otros casos ha arrojado su labor de investigación superan por mucho los datos que en esta ocasión da cuenta Contralínea. Un organismo dedicado a las tareas de investigación en asuntos de alta trascendencia para el estado mexicano, no puede emitir un reporte con información poco relevante, en la cual, en apariencia, se olvida lo realmente importante: qué supo o encontró el Cisen de los actuales comisionados y qué informó al Presidente de la República para evitar que aquellos que no acreditaban el perfil señalado en la Constitución continuaran dentro del proceso de selección.

Recuérdese que varios medios de comunicación y la propia AMEDI hicimos públicos algunos datos de candidatos que llegaron incluso al final del proceso, que entre sus antecedentes mostraban vínculos importantes con los regulados, situación que contravenía lo establecido en los requisitos que la Constitución señala. Si el Cisen no tuvo esa capacidad, su trabajo fue inútil o verdaderamente tendencioso.

Ahora bien, desde cualquier punto de vista, es necesario hacer notar que resulta un contrasentido que el Ejecutivo Federal haya instruido al Cisen a recabar información sobre los candidatos, cuando constitucionalmente le correspondía al Comité de Evaluación administrar el proceso de selección. Desde esa perspectiva, resulta ilegítimo el actuar tanto del Ejecutivo como del organismo de inteligencia. Qué decir de los organismos con autonomía constitucional que estaban encargados del proceso de selección, que a la fecha han callado al respecto; conceden, quizás, sobre la intromisión indebida del Ejecutivo Federal en el trabajo que les impuso la Constitución, a pesar de la autonomía de que gozan. ¿Será que el Presidente de la República dudaba de la pulcritud de su trabajo?, particularmente en lo que corresponde a la forma en que los candidatos debían acreditar su independencia con los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Como haya sido, lo cierto es que ni la investigación del Cisen, ni el proceso a cargo del Comité de Evaluación impidió que llegaran al Ifetel personas que mantenían hasta hace poco vínculos con los regulados; claro conflicto de interés. Así, el caso que nos refiere Contralínea (dice Badillo que el medio tiene en su poder los documentos) hace suponer en primer lugar que el Cisen ya no cuenta con la capacidad para hacer una verdadera tarea de inteligencia (lo que nos debería preocupar al propio Ejecutivo Federal, por las deficiencias en que puede incurrir en investigaciones, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada). La otra hipótesis es que la información filtrada haya sido intencionalmente parcial y tendenciosa. Francamente me inclino por esta segunda situación, pues no tiene sentido sacar a luz pública información que ya no puede impactar en el proceso de selección de los integrantes del IFETEL, salvo que en términos de una tercera hipótesis la intención haya sido alertar a los órganos de fiscalización con datos sobre ex servidores públicos del Gobierno Federal, que según los datos revelados, actuaron con franca negligencia.

Según lo revelado por Contralínea el Cisen resalta el inadecuado proceder de Gerardo Sánchez Henkel y Héctor Olavarría Tapia en varios procesos administrativos supuestamente instaurados en contra de operadores de telecomunicaciones. Del último, dice la nota que “durante su gestión como subsecretario de Comunicaciones recibió de Cofetel una gran cantidad de propuestas de sanción en contra de operadores móviles y de Telmex, en las cuales no inició procedimiento, congeló en etapa de pruebas o manipuló los procedimientos para aplicar sanciones bajas a Telmex”. Si así fue, de la investigación del Cisen podrían desprenderse elementos suficientes para llevar a ambos servidores públicos a procedimientos de responsabilidad administrativa, en particular a Olavarría Tapia (quien en efecto, durante su gestión se caracterizó por ser un funcionario obediente a las instrucciones de sus superiores, más allá de las irregularidades que él bien conocía).

Tampoco pareciera ser ese el motivo, pues de parte de la SCT o de la tambaleante Secretaría de la Función Pública, nada se ha señalado sobre presuntas irregularidades administrativas en la gestión de dichos funcionarios públicos, quienes estuvieron en la SCT tanto en la gestión de Luis Téllez, como en la del controvertido Molinar Horcasitas.

Regreso entonces a la segunda hipótesis y sostengo que el dar a conocer esa información tuvo un insano fin, consistente en motivar una idea inadecuada de la forma en que actúan algunos operadores, sin importar que la mayor afectación impacte negativamente la imagen algunas de las personas que se mencionan en la publicación de Contralínea.

Pero los motivos de la divulgación de esos datos, más allá de la afectación a la imagen de las personas que ahí se mencionan, deben orientar nuestra reflexión, pues se hace en un momento en el cual se han presentado tres conflictos en el sector de las telecomunicaciones: a) el diferendo entre Televisa y Dish por la retransmisión de las señales radiodifundidas de la primera, b) la negativa de las televisoras a publicitar un spot de “El Poder del Consumidor” que llamaba a la población a respaldar el impuesto a las bebidas azucaradas y c) la cancelación de recursos para la política sobre la Transición Digital Terrestre, en apariencia a cargo ahora de manera exclusiva de la SCT.

En los tres casos, son obvios los intereses económicos de los consorcios mediáticos, de ahí que resulte “poco usual” para decirlo en forma comedida que el aparente “conflicto de  interés” de algunos candidatos al IFETEL se centre en personas que han mantenido algunos vínculos de trabajo con Telmex y MVS. Al mencionar de manera destacada a Irene Levi, Fernando Butler y Fernando Viveros Castañeda, quien por cierto no participó en el proceso de selección, aunque sí lo hizo su socio Jorge Fernando Negrete, se intenta poner en duda la forma en que actúan algunos operadores de telecomunicaciones, tratando de posicionar a contrario sensu, “el buen comportamiento” de otros operadores, de quienes tratan de beneficiarse de los diferendos anteriormente señalados: a) Televisa intenta postergar lo más que se pueda la retransmisión de su señal abierta a través de los canales de televisión de paga, b) los consorcios mediáticos que se negaron a transmitir los spots que hacían un llamado a que se aprobara el impuesto a las bebidas azucaradas quedan bien con sus clientes (la industria refresquera) que gasta enormes cantidades en publicidad en esos medios y c) con la cancelación de recursos para la TDT, seguramente se posterga no sólo el proceso de transición, sino la licitación de nuevas cadenas de televisión.

En lo personal creo que las personas involucradas no deberían quedarse sólo en el deslinde de su actuación (legal y legítima, reitero), sino que sería importante que enderezaran sendos procesos legales en contra del Cisen, por haber divulgado información que afecta su imagen al no resguardar datos personales (más allá de la ilegalidad de la investigación), lo cual, en términos de la legislación en materia de responsabilidad patrimonial del estado, implica el resarcimiento del daño causado.

Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: