Colaboraciones "Revista Zócalo"

Suspensión dentro del amparo; la falacia del derecho al desarrollo

Agustín Ramírez Ramírez
Coordinador Jurídico de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

Apenas el 18 de abril, el Senado de la República votó diversos cambios a la Minuta enviada por la Colegisladora a la iniciativa de reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y siete días después, la Cámara de los Diputados la regresa con un cambio insignificante en relación con la figura de la suspensión del acto reclamado, dentro del juicio de amparo. Todo hace suponer que los Senadores avalarán el cambio, pues la sustitución de la palabra resoluciones por su pronombre éstas no tiene implicaciones jurídicas trascendentes.

Más allá de lo inconsecuente y absurdo del cambio planteado, que hasta donde se sabe tuvo su origen en el seno del Pacto por México, debido a un planteamiento de la representación del Partido Acción Nacional, lo relevante de la regulación en materia de amparo está en los argumentos utilizados por las Comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, para introducir una hipótesis que eliminara la excepción absoluta de la suspensión del acto reclamado, en aquellos casos en que los agentes económicos -en todos los rubros de la actividad económica y no sólo los relacionados con la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión-, promovieran el juicio de garantías en contra de normas generales, actos u omisiones, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En principio, la forma tan apresurada en que se aprobó la iniciativa de reformas en la Cámara de los Diputados y la ausencia de discusión en el Pleno, dejó intocada la propuesta de adiciones al texto del artículo 28 Constitucional, en la parte conducente que a la letra señala: Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales”.

Tal hipótesis implicaba, como lo señala el Dictamen del Senado de la República, una prohibición absoluta respecto de la “suspensión del acto reclamado” dentro del juicio de amparo, situación que en principio varios no advertimos, hasta hacer una revisión puntual con motivo de la invitación para asistir a las sesiones de consulta especializada que convocó el Senado de la República, particularmente en la Comisión de Justicia, en donde fue posible advertir sobre el riesgo de una regulación en esos términos, pues en efecto, a diferencia de lo plasmado en la Ley de Amparo, en este caso no habría posibilidad alguna de que la autoridad judicial valorara el interés social para el efecto de otorgar de manera excepcional la suspensión.

Entre los razonamientos de las Comisiones dictaminadoras del Senado se pone énfasis en los principios a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Fundamental, que si bien constituyen el sustento de un derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso, no tienen el peso argumentativo suficiente para desestimar los términos de la reforma, pues la prohibición de la suspensión dentro del amparo de ninguna manera hace nugatorio el derecho que tienen los particulares para obtener la tutela jurisdiccional, ya que la propuesta incluye, por cierto, la creación de tribunales especializados en materia de competencias económica, telecomunicaciones y radiodifusión.

A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia ha determinado, como bien se señala en el Dictamen, que la garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como “el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión” sin embargo no estamos, según mi parecer, ante una propuesta normativa que contraviniera dichos principios.

Por ello creo que bastaba señalar que la figura de la suspensión constituye el núcleo y sustancia del juicio de garantías y que la expulsión de tal posibilidad a nivel constitucional implicaba, en los hechos, la inutilidad del amparo como institución jurídica restitutoria de derechos, pues habrá que recordar que por regla general la suspensión se otorga por parte de la autoridad judicial en aquellos casos en los cuales se considera que el acto impugnado provoca daños irreparables al promovente. La prohibición de la que venimos hablando afectaría, más bien, el principio de igualdad, que según Rawls, constituye no sólo un derecho fundamental sino el derecho fundacional por antonomasia, pues a partir de éste es que se van vertebrando otros derechos consustanciales a la naturaleza humana.

Por otra parte, no debe pasar inadvertido que la suspensión en el amparo procede ante situaciones en las que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, de lo que puede concluirse que el bien jurídico tutelado tiene por finalidad la protección de la colectividad y de ninguna manera los intereses de los particulares, en este caso de los agentes económicos que participan en la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a quienes basta asegurarles el acceso a la tutela judicial, de ahí que igualmente innecesario resulta, como lo hace el dictamen de los Senadores, traer a colación el argumento del derecho al desarrollo.

Sobre este punto, si bien es cierto que en términos de la Resolución 41/128  de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986), se afirma que “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”, en los hechos, la operación de los consorcios mediáticos y de las telecomunicaciones ha promovido el bienestar económico de los concesionarios, sin favorecer, en ningún sentido, el desarrollo social y cultural de la población, que en el caso particular de la radiodifusión (televisión abierta) constituye una de sus finalidades conforme a la función social que por ley le está asignada.

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