Colaboraciones "Revista Zócalo"

Opacidad en el manejo de los fondos sindicales; el interés público como medida de control

Agustín Ramírez Ramírez
Coordinador Jurídico de AMEDI
agustin.ramirez@amedi.org.mx
@agust_ramirez

En diciembre del año pasado, el Senado de la República aprobó sin mayores problemas, la Minuta con proyecto de decreto, que entre otros dispositivos, reforma y adiciona el artículo 6º Constitucional. Para quienes estamos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas es un tema de interés público, la reforma resulta relevante.

Lo es en particular, por dos motivos. En primer lugar porque amplía el ámbito de atribuciones del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al otorgarle capacidad jurídica para conocer de las peticiones ciudadanas respecto del actuar de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de las personas físicas, morales o sindicatos, cuando reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en cualquiera de los ámbitos territoriales del país; federal, estatal y municipal.

La otra razón subyace en la facultad que se le pretende otorgar para conocer de los recursos que interpongan los particulares en contra de las resoluciones de los organismos autónomos de las entidades federativas y el Distrito Federal, cuando resuelven la reserva, confidencialidad, inexistencia o niegan información. Se convierte al Instituto en una instancia superior de revisión de la legalidad de los citados entes estatales.

No obstante lo anterior, en lo que corresponde al manejo de los fondos sindicales, la propuesta de reforma que salió del Senado se queda corta, pues se limita a los casos en los cuales los sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciben recursos públicos, situación que si bien ocurre con regularidad (el caso de aportaciones de PEMEX al Sindicato petrolero ha sido de los más difundidos), al momento que entran a las tesorerías de estas organizaciones gremiales se juntan con las aportaciones de los trabajadores para formar un fondo común.

Por ello es que en la reforma legal, la hipótesis constitucional debe ser analizada con detalle. Una posibilidad que bien valdría la pena valorar se refiere a la obligación que debieran tener los sindicatos de transparentar el destino de esos recursos, mediante una contabilidad separada del resto de los fondos, en particular de las cuotas que aportan los trabajadores, pues esa ha sido la excusa para evitar la rendición de cuentas. Se argumenta, al respecto, que sólo los agremiados tienen el derecho de exigir a sus dirigentes información sobre el uso de los recursos de los Sindicatos. Ahí comienza la opacidad, que se transforma en penumbra y que al final permite a los líderes sindicales disponer sin mayores controles de los dineros públicos.

En ausencia de una legislación que los llame a cuentas, el caso de la detención de Elba Esther Gordillo, Presidenta Vitalicia del Sindicato de Maestros busca su asidero en una denuncia que presentó la SHCP ante la PGR al detectar irregularidades en dos de 80 cuentas bancarias del Sindicato. Se dice, según las notas publicadas en prensa, que la Maestra Gordillo pudo haber desviado alrededor de dos mil millones de pesos de esas cuentas. Lo anterior constituye, a decir de la autoridad de procuración de justicia, la posible comisión de un delito, relacionado al manejo de recursos de procedencia ilícita. En castellano, palabras más, palabras menos, la maestra agarró lo que no era suyo.

Bajo esta tesitura, me parece que el Legislativo habrá de ser cuidadoso en los términos en que es necesario regular la hipótesis constitucional en la legislación secundaria en materia de transparencia, pues se corre el riesgo de que la reforma sea burlada bajo la tesis de que no es posible diferenciar el origen y destino de los fondos públicos cuando entran a esta masa común en las arcas sindicales.

La clave para imponer esta carga a los Sindicatos puede estar en el concepto de “interés público” y corresponderá, con toda seguridad al Poder Judicial de la Federación, delimitar los alcances de la reforma Constitucional y legal que están por venir, pues es seguro que los sindicatos se resistirán a rendir cuentas de los fondos públicos que reciben.

Dice el dicho que para muestra, un botón: El 16 de diciembre de 2009, el periódico “La Jornada” público un texto relacionado con la entrega de recursos al Sindicato Petrolero.

Dice la nota: Los documentos entregados a este diario por Ross García muestran que en el periodo de 2001 a 2005, el consejo de administración de Pemex autorizó donativos y donaciones por 4 mil 466 millones 733 mil 75 pesos; de esa suma, mil 959 millones 793 mil 152 pesos, 44.9 por ciento del total, correspondió a donativos en efectivos y el resto, 2 mil 406 millones 939 mil 923 pesos, en especie.

La pregunta obligada es ¿Qué hizo el Sindicato Petrolero con esos recursos? Con seguridad ni los trabajadores petroleros lo saben, aunque sus líderes sostengan lo contrario.

En estos momentos, tras la detención de Elba Esther Gordillo, el Gobierno Federal ha merecido el reconocimiento social, pues para un amplio sector de la sociedad, la Maestra era el reflejo de la corrupción más añeja del Sistema Político Mexicano, sin embargo, si de actuar en el marco de la legalidad se trata, estaríamos a la espera de que en la lista estén otros líderes sindicales: Romero Deschamps y Napoleón Gómez Urrutia, entre los personajes más destacados.

Dije en principio que la reforma constitucional que está en curso es un asunto de interés público y estoy convencido, de igual manera, que el manejo de los fondos que el Estado entrega a los sindicatos o a cualquier persona física o moral, es también un asunto de interés público y en ello debe centrarse el argumento para exigir la rendición de cuentas.

El interés público permite introducir un elemento de valoración entre los intereses personales y los de la colectividad. De esta manera, en aras del interés público, es indispensable que los líderes sindicales rindan cuentas a la sociedad sobre el manejo de los recursos públicos, no sólo a sus agremiados.

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